sábado, 22 de septiembre de 2012

EL PAGO DE LA DEUDA, EL DERECHO A LA SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA

(Manifiesto elaborado por el grupo d´Alacant de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda-PV, para apoyar la semana europea contra la privatización de la Sanidad pública)



Desde hace unos años los hospitales, los centros de salud y otros servicios sanitarios están siendo objeto de recortes cuyo objetivo es socavar su funcionamiento, anteponiendo la rentabilidad al interés general de los usuarios y presentando la privatización como única alternativa.

Ahora el pago de la deuda del estado español se usa como justificación para aumentar la velocidad de los recortes y a su vez acelerar el paso de los servicios de salud a manos de empresas privadas, especialmente aseguradoras, bancos y personas vinculadas al PP.

Desde la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda queremos decir que:

El coste de la sanidad, como el de otros servicios sociales, no es el origen de esta deuda. El ejemplo lo tenemos en el govern del País Valencià que ha generado una deuda pública per cápita de las más altas del Estado teniendo el menor gasto en salud y educación. El origen habría que buscarlo en políticas fiscales claramente injustas, inversiones faraónicas sin ninguna función social o más recientemente los rescates bancarios.

Los bancos durante muchos años han especulado en contra de nuestras necesidades, pero el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria a dejado a muchos de ellos endeudados y al borde de la quiebra. El rescate financiero, que ha costado ya a las arcas publicas 166.738 millones de € y que, tras el El Real Decreto Ley 21/2012 (Disposición adicional quinta), aprobado por el consejo de ministros el 13 de julio pasado, superará los 200.000 millones, supone un incremento ilegítimo de la deuda pública, al traspasar a ésta la deuda privada de los bancos.

El pago de esta deuda ilegítima detrae dinero a las arcas públicas que podría dedicarse a la creación de puestos de trabajo, principal problema de nuestra sociedad y una de las principales causas de enfermedad en la actualidad. El año pasado, por ejemplo, gastamos mil millones de euros en fármacos para evitar la angustia. La crisis no solo puede acabar con nuestro trabajo. Amenaza nuestra salud... y nuestra vida. quedarse sin trabajo es una causa de muerte y enfermedad.

Por todo ello, La Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda rechaza los recortes, el cierre de centros de salud, la pérdida de la universalidad de la atención y el copago (decreto 16/2012) así como el paso a manos privadas de los servicios de salud.

Así mismo, La Plataforma llama a parar de forma inmediata el pago de la deuda del estado español y a realizar una auditoria ciudadana que determine la parte que es ilegítima.

Movilicemosnos. Si luchamos, podemos ganar

jueves, 13 de septiembre de 2012

Contra el rescate Bankario

(El grupo d´Alacant de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de de Deuda-PV, colabora con el colectivo Toma la Plaza en la cacerolada que desde el mes de junio viene desarrollandose todos los viernes ante una sucursal centrica de Bankia en Alacant, en relación con esta acción el grupo de la plataforma ha elaborado un manifiesto contra el rescate bankario que a continuación  transcribo. Un saludo, Nano)



Contra el rescate bankario y por la auditoria de la Deuda Pública

Estamos nuevamente ante Bankia para denunciar la gran estafa de la banca española de la que este banco es el modelo. Una banca que ha basado la obtención de sus beneficios en la especulación y en la destrucción de la economía real.

Mas ¿Cual ha sido el mecanismo utilizado?

Primero, Invirtieron nuestro dinero en activos financieros de los que esperaban sacar grandes beneficios, cuando en realidad estaban comprando paquetes donde, como se descubrió con la crisis de las hipotecas, no había nada rentable, sólo deudas, deudas de casas sobrevaloradas y de difícil venta.

Segundo, dada la gran preponderancia del capital financiero en la estructura del sistema y con el fin de multiplicar los beneficios que obtenían, los bancos volcaron casi toda su actividad económica a la promoción del crédito fácil, sobre todo para la compra de unas viviendas cuya construcción ellos mismos financiaban. Este proceso condujo a un exceso de producción de inmuebles que estalló primero con la crisis de las hipotecas en los EEUU y posteriormente con la burbuja inmobiliaria en países como Irlanda y España

Ahora pretenden un rescate bancario con el dinero de todas, como ya ocurrió en Irlanda. Un rescate que incrementa una deuda pública que consideramos ilegítima pues no se ha generado por la construcción de escuelas, servicios sociales o de salud, o industria medioambientalmente sostenible. Una deuda utilizada como excusa para aplicar los recortes injustos a los que están sometiendo al conjunto de la ciudadanía, a todas nosotras. Una deuda que, en definitiva, no se origina en que hayamos gastado por encima de nuestras posibilidades, sino en que han especulado en contra de nuestras necesidades.
Por ello, aunque el gobierno la haya emitido de forma legal, es, para nosotras, ilegitima. Y ¿Por qué consideramos ilegítima esa deuda pública que ahora nos quieren hacer pagar?

La consideramos ilegítima por tres argumentos:

- Decisiones injustas que desarrollaron la deuda: La deuda se origina por la financiación de un déficit debido, entre otras razones, a la disminución de los impuestos a las grandes empresas y a las personas más ricas, entre ellos la banca, y al desvío de buena parte de sus beneficios a paraísos fiscales. Este fraude sistemático, consentido y promovido por los diferentes gobiernos con la excusa de atraer capitales que invirtieran, ha consistido, por una parte, en una bajada de los impuestos directos (algo que beneficia al 1% de la población) y una subida de los indirectos (que son los que nos afectan al 99%). Y por otra, en una profundización de estas medidas fiscales injustas mediante los variadísimos tipos de desgravaciones existentes: las sociedades utilizadas por las grandes fortunas para pagar solo el 1% de impuestos (SICAV), la no persecución del fraude, la amnistía fiscal, etc... Esta política ha traído consigo, a la vez que un aumento de las desigualdades sociales, un debilitamiento de la estructura financiera del estado al dejar los ingresos públicos en manos de la coyuntura económica. Mientras la economía iba en globo dicha debilidad no se notaba, cuando el globo ha explotado , hemos visto que esa estructura no sirve para mantener el Estado: pues los ricos no pagan y los demás, al ir al paro, tampoco.

2º- Decisiones que no se ajustan al interés general: Confiar las deudas públicas a los mercados y no a los bancos centrales, permitiendo con ello la especulación y el enriquecimiento de los especuladores. El caso más sangrante son los prestamos del Banco Central Europeo al 1% al año a la banca privada para que ésta especule con la deuda pública exigiendo intereses de 5, 6 y 7 por ciento en el Estado español, y superiores al 20 por ciento en Grecia.

3º- Decisiones tomadas a espaldas de los pueblos y cuyas consecuencias son depositadas sobre los mismos: La ilegítima transformación de deuda privada en deuda pública que supone rescatar a la banca es una muestra de estas decisiones, hasta ahora hemos gastado más del 16% de la riqueza producida al año, exactamente 166.738 millones de euros.

A estos argumentos podemos sumar que la prioridad del pago de la deuda, como exige la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP en agosto de 2011, significa poner por delante el interés del 1% de la población sobre las necesidades sociales del 99% restante y conlleva graves consecuencias, como la pérdida de vidas o el corte del desarrollo personal de cada una de nosotras, pues los recortes aplicados para cumplir ese pago impiden el disfrute de derechos inalienables (derechos recogidos en los artículos 25 y 26 de la carta de los derechos humanos como son la salud, la educación y la vivienda) convirtiéndose, por lo tanto, en un mecanismo de dominación que debemos rechazar.

Consideramos que el Estado solo debe de pagar la deuda legítima y garantizar el dinero e inversiones de los pequeños ahorradores.
Exigimos, por otra parte, una paralización inmediata en el pago de la deuda, que permitiría ahorrarse los casi 30.000 millones que vamos a pagar este año de intereses, y una posterior auditoria ciudadana que abra los libros y muestre que la mayoría de la deuda pública española es ilegítima, por lo tanto rechazable.

Lo que no debemos, no lo pagamos.