Alguien
dirá que las deudas siempre deben pagarse. De hecho, al pago de una
deuda también se lo denomina “honrar” una deuda, ya que parece
que se trata de algo más que de un mero retorno: se trata, ante
todo, de cumplir con una palabra dada. No obstante, en realidad, la
exigencia del pago de una deuda –sobre todo cuando se trata de una
deuda soberana– debería depender de cómo se originó, de quién
la contrajo, bajo qué condiciones y para qué beneficios. En caso
contrario, sería injusto reclamar al pueblo que se hiciera cargo de
deudas que en ningún caso contrajo y/o que no le aportaron beneficio
alguno. Injusto y tal vez ilegítimo.
En
el caso de la deuda pública española parece, como en tantos otros
tantos casos (léase
Grecia,
por no citar a cualquiera de los países empobrecidos) que nos
encontramos con deudas
públicas que podrían considerarse ilegítimas (por
cuanto todavía no se las puede considerar ilegales). Ilegítimo es
un término que conlleva connotaciones morales o éticas, pero que a
veces pueden tener más fuerza que el mismo peso de la ley. Ilegítimo
es recortar los presupuestos de educación y sanidad en 10.000
millones de euros y pocos días más tarde salir al rescate de Bankia
estando
dispuesto a condonarle deudas por valor de casi 4.500 millones de
euros y apoyarle con más de 19.000 millones. Ilegítimo es estar
dispuesto a nacionalizar deudas que fueron contraídas por
promotores, constructores y banqueros, que se beneficiaron con la
especulación inmobiliaria, y no honrar el pago de servicios sociales
básicos. Ilegítimo es avalar el pago de deudas que fueron
contraídas por aquellos que nos llevaron a esta situación de
bancarrota por el simple hecho de que las contrajeron con la banca
alemana, francesa o norteamericana (avales que en el caso de Bankia
se estiman en casi 30.000 millones) y no garantizar derechos sociales
básicos que creíamos garantizados de por vida. Ilegítimo es
permitir que el señor Blesa y el señor Rato hagan negocios con el
ladrillo con sus colegas de partido (léase Esperanza Aguirre, Juan
JoséOlivas o Francisco Camps), de forma totalmente irresponsable, y
que ahora, cuando el castillo de naipes se está desmoronando, no se
les exija responsabilidad alguna –ni a unos ni a otros– por este
desaguisado. Ilegítimo es que el Gobierno esté mezclado y viciado
con aquéllos que tienen intereses económicos y que parezca que
ahora tan sólo le preocupe encontrar la manera de cómo
ayudarles a pagar
los platos rotos de su fiesta con nuestro dinero.
Por
todo ello, parte de la sociedad española está reclamando la
suspensión unilateral de pagos,
acompañada de una
auditoria de la deuda que
permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y
encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que
han llevado al país a la bancarrota. Esta parte de la sociedad
civil, organizada bajo la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda
¡No
debemos, no pagamos!, es consciente de la necesidad de construir un
camino ciudadano por el que sea posible un cambio en la correlación
de fuerzas para poder auditar la deuda.
Así,
al igual que se ha hecho en otros países que llevan años sintiendo
el golpe de la deuda, como es el caso de Ecuador, se hace necesaria
una auditoría que explique
cómo y por qué la deuda pública se ha más que doblado en tan sólo
cinco años,
pasando del 36% del PIB de 2007 al 80%estimado para finales de 2012.
Una auditoría que pueda decidir soberanamente qué es legítimo
pagar y qué no, para conocer cuánto del aumento de la deuda pública
ha servido para salvar al sistema financiero español y ayudar a sus
ejecutivos a evadir sus responsabilidades. Una auditoría de la deuda
que pueda
dirimir si es justo y legítimo que
en el año 2012 el Estado tenga que pagar más de 28.848 millones de
euros en intereses que provienen de deudas de las que desconocemos su
origen. Una auditoría de la deuda que nos permita exigir
responsabilidades políticas y judiciales a
aquellos que se han enriquecido ilegalmente con dinero público. Una
auditoría ciudadana como medida de presión y de contención para
evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a
deuda pública (tal y como ya sucedió en Argentina en 2001, en
Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011). Una
auditoría social para controlar el agujero de la deuda privada
española. Una auditoría de la deuda como excusa, y como una pieza
más en el camino, que ayude a concienciar y politizar a la
ciudadanía, con el objetivo de que hagamos nuestro el futuro y no
volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales
corruptos nuestro destino y el de las generaciones que están por
vivir en nuestro país. Tal y como están las cosas, ésta parece la
única salida que permitirá al pueblo recuperar el poder de su
soberanía económica, social y política;
es decir, la única salida realmente “honrosa”.
DANIEL
GÓMEZ-OLIVÉ I CASAS,
INVESTIGADOR
/ OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN
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