(Articulo
de
opinión
publicado
de
el
diario
Información
de
Alicante
el
19-06-2012
y
escrito
por
Clemente
Hernández.
Exprofesor
de
Economía,
coordinador
de
Attac-Alacant
y
miembro
de
la
Plataforma
por
la
Auditoria
Ciudadana
de
la
Deuda-PV,
grup
d´Alacant)
¿Quien debe de pagar las deudas?
Clemente Hernandez
Con
la
mafia,
las
deudas
son
deudas
de
sangre,
y
se
mata
a
los
hijos
por
lo
que
deben
sus
padres.
Deberíamos
de
esperar
otro
comportamiento
en
las
sociedades
civilizadas,
pero
se
nos
pide
que
nos
cortemos
nosotros
mismos
la
mano
por
las
deudas
contraídas
por
nuestros
gobiernos.
Al
responder
prioritariamente
por
la
deuda
pública,
como
ya
hemos
reconocido
en
nuestra
Constitución,
el
inversor
no
pierde
ni
un
euro
de
su
préstamo
al
vencimiento
y
cobra
los
intereses
año
a
año,
aunque
arda
Roma
¿Dónde
queda
el
riesgo
si
el
único
que
lo
soporta
es
el
deudor?
A
mi
juicio,
se
debe
exigir
una
quita
a
los
inversores
que
han
cobrado
la
prima
de
riesgo
y
son
corresponsables
de
nuestra
insolvencia
actual.
Buena
parte
de
la
deuda
tiene
su
origen
en
una
fiscalidad
que
beneficia
a
las
rentas
del
capital,
en
el
fraude
fiscal
de
esas
mismas
rentas
y
en
las
obligaciones
impuestas
por
los
mismos
acreedores,
siendo
pues
una
deuda
ilegítima
que
no
deberíamos
pagar.
El
90%
del
aumento
de
la
deuda
pública
desde
2007
se
debe
a
la
caída
de
los
ingresos
provocada
por
los
programas
de
austeridad.
Hay,
pues,
una
responsabilidad
de
los
acreedores
que
nos
obligan
a
entrar
en
recesión
para
poder
cobrar,
con
la
paradoja
de
que
aumenta
el
peso
de
la
deuda,
y
es
justo
exigir
que
carguen
con
el
coste
social
que
ellos
mismos
están
provocando
con
la
firma
de
los
gobiernos.
El
Pacto
por
la
Estabilidad
ha
beneficiado
a
los
países de
la
UE
que
son
exportadores
y
prestamistas
netos,
nunca
tuvo
que
firmarlo
España.
Y
aunque
todo
apunta
a
una
nueva
agenda
europea
que
puede
rectificar
aquel
desastre,
mientras
reinventamos
Europa,
es
urgente
condonar
y
renegociar
la
deuda
actual,
nos
los
deben
los
acreedores
de
Alemania
y
sus
satélites.
¿Y
qué
ocurre
con
los
inversores
que
han
recibido
bonificaciones
y
exenciones
fiscales
en
los
años
del
“boom”?
Es
de
justicia
un
impuesto
al
patrimonio
y
las
rentas
del
capital
que
compense
las
prebendas
recibidas.
¿Por
qué
las
rentas
del
capital
siguen
con
un
tipo
marginal
del
21%
y
las
rentas
del
trabajo
del
52%?
¿por
qué
el
tipo
efectivo
del
impuesto
de
sociedades
que
pagan
los
bancos
es
menor
que
el
que
pagan
las
pymes?,
¿por
qué
se
reparten
dividendos
y
sueldos
millonarios
en
bancos
y
empresas
que
reciben
ayudas?,
¿por
qué
es
legal
la
ingeniería financiera
especulativa
y
fraudulenta?
¿Y
qué
ocurre
con
la
deuda
pública
emitida
para
sanear
las
cuentas
del
sector
financiero,
garantizando
así
la
devolución
de
los
bonos
y
cédulas
que
los
bancos
han
suscrito
con
financieros
privados?
La
avaricia
de
los
banqueros
españoles
castiga
a
las
familias
hipotecadas
y
a
los
pequeños
inversores
que
acudieron
con
engaño
a
la
compra
de
bonos
o
acciones
preferentes,
pero
mantienen
una
solidaridad
inquebrantable
con
sus
socios
europeos
a
los
que
prometen
pagar
con
el
aval
y
la
deuda
pública.
Esto
es
lo
que
ha
pasado
con
los
programas
de
rescate
a
través
del
FROB,
que
ya
ha
comprometido
unos
70.000
millones
de
euros
en
avales
y
otros
50.000
en
ayudas
y
préstamos.
Además,
los
bancos
utilizan
el
dinero
que
les
presta
el
BCE
para
comprar
deuda
pública,
con
un
margen
que
utilizan
en
su
beneficio,
y
para
que
los
tenedores
de
bonos
bancarios
puedan
cobrar
y
guardar
su
dinero
en
Alemania,
mientras
familias
y
pequeñas
empresas
no
consiguen
credito
ni
rebajar
sus
deudas.
El
último
episodio
de
esta
estrategia
es
el
rescate
al
sistema
financiero,
nada
menos
que
100.000
millones
para
que
los
bancos
y
cajas
puedan
absorber
las
pérdidas
derivadas
de
los
excesos
del
pasado,
excesos
alimentados
con
700.000
millones
de
euros
que
pidieron
prestados
a
banqueros
y
otros
inversores
institucionales
europeos
en
los
años
del
boom.
Esas
han
sido
inversiones
muy
rentables
y
para
garantizar
su
amortización
el
gobierno
cubre
el
riesgo
con
deuda
pública.
En
España
tenemos,pues,
una
deuda
privada
que
se
está
socializando.
Hay
que
prohibir
que
el
rescate
de
bancos
se
convierta
en
un
rescate
a
los
inversores
corresponsables
de
nuestra
situación
y
en
una
ayuda
a
beneficio
de
inventario
sin
coste
para
accionistas
y
ejecutivos
de
las
instituciones
que
reciban
el
dinero.
Las
Plataformas
por
la
Auditoria
Ciudadana
de
la
Deuda
que
se
están
constituyendo
en
toda
Europa
pretenden
que
se
audite
la
deuda
para
no
pagar
aquella
que
se
haya
contraído en
condiciones
ilegítimas
o
sea
insostenible.
No
estamos,
todavía,
en
un
escenario
de
suspensión
de
pagos
como
Grecia,
Irlanda
o
Portugal,
pero
ese
momento
se
acerca
y
necesitamos
abrir
los
libros
para
cuantificar
lo
que
debemos
reclamar
a
la
Troika
y
a
nuestros
acreedores
nacionales
o
internacionales.
Es
inmoral
y
suicida
pretender
que
paguen
justos
por
pecadores.
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