¿QUIEN DEBE PAGAR LAS DEUDAS?

(Articulo de opinión publicado de el diario Información de Alicante el 19-06-2012 y escrito por Clemente Hernández. Exprofesor de Economía, coordinador de Attac-Alacant y miembro de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda-PV, grup d´Alacant)

¿Quien debe de pagar las deudas?

Clemente Hernandez

Con la mafia, las deudas son deudas de sangre, y se mata a los hijos por lo que deben sus padres. Deberíamos de esperar otro comportamiento en las sociedades civilizadas, pero se nos pide que nos cortemos nosotros mismos la mano por las deudas contraídas por nuestros gobiernos.

Al responder prioritariamente por la deuda pública, como ya hemos reconocido en nuestra Constitución, el inversor no pierde ni un euro de su préstamo al vencimiento y cobra los intereses año a año, aunque arda Roma ¿Dónde queda el riesgo si el único que lo soporta es el deudor? A mi juicio, se debe exigir una quita a los inversores que han cobrado la prima de riesgo y son corresponsables de nuestra insolvencia actual. Buena parte de la deuda tiene su origen en una fiscalidad que beneficia a las rentas del capital, en el fraude fiscal de esas mismas rentas y en las obligaciones impuestas por los mismos acreedores, siendo pues una deuda ilegítima que no deberíamos pagar.

El 90% del aumento de la deuda pública desde 2007 se debe a la caída de los ingresos provocada por los programas de austeridad. Hay, pues, una responsabilidad de los acreedores que nos obligan a entrar en recesión para poder cobrar, con la paradoja de que aumenta el peso de la deuda, y es justo exigir que carguen con el coste social que ellos mismos están provocando con la firma de los gobiernos. El Pacto por la Estabilidad ha beneficiado a los países de la UE que son exportadores y prestamistas netos, nunca tuvo que firmarlo España. Y aunque todo apunta a una nueva agenda europea que puede rectificar aquel desastre, mientras reinventamos Europa, es urgente condonar y renegociar la deuda actual, nos los deben los acreedores de Alemania y sus satélites.

¿Y qué ocurre con los inversores que han recibido bonificaciones y exenciones fiscales en los años del “boom”? Es de justicia un impuesto al patrimonio y las rentas del capital que compense las prebendas recibidas. ¿Por qué las rentas del capital siguen con un tipo marginal del 21% y las rentas del trabajo del 52%? ¿por qué el tipo efectivo del impuesto de sociedades que pagan los bancos es menor que el que pagan las pymes?, ¿por qué se reparten dividendos y sueldos millonarios en bancos y empresas que reciben ayudas?, ¿por qué es legal la ingeniería financiera especulativa y fraudulenta?

¿Y qué ocurre con la deuda pública emitida para sanear las cuentas del sector financiero, garantizando así la devolución de los bonos y cédulas que los bancos han suscrito con financieros privados? La avaricia de los banqueros españoles castiga a las familias hipotecadas y a los pequeños inversores que acudieron con engaño a la compra de bonos o acciones preferentes, pero mantienen una solidaridad inquebrantable con sus socios europeos a los que prometen pagar con el aval y la deuda pública. Esto es lo que ha pasado con los programas de rescate a través del FROB, que ya ha comprometido unos 70.000 millones de euros en avales y otros 50.000 en ayudas y préstamos.

Además, los bancos utilizan el dinero que les presta el BCE para comprar deuda pública, con un margen que utilizan en su beneficio, y para que los tenedores de bonos bancarios puedan cobrar y guardar su dinero en Alemania, mientras familias y pequeñas empresas no consiguen credito ni rebajar sus deudas. El último episodio de esta estrategia es el rescate al sistema financiero, nada menos que 100.000 millones para que los bancos y cajas puedan absorber las pérdidas derivadas de los excesos del pasado, excesos alimentados con 700.000 millones de euros que pidieron prestados a banqueros y otros inversores institucionales europeos en los años del boom. Esas han sido inversiones muy rentables y para garantizar su amortización el gobierno cubre el riesgo con deuda pública.

En España tenemos,pues, una deuda privada que se está socializando. Hay que prohibir que el rescate de bancos se convierta en un rescate a los inversores corresponsables de nuestra situación y en una ayuda a beneficio de inventario sin coste para accionistas y ejecutivos de las instituciones que reciban el dinero. Las Plataformas por la Auditoria Ciudadana de la Deuda que se están constituyendo en toda Europa pretenden que se audite la deuda para no pagar aquella que se haya contraído en condiciones ilegítimas o sea insostenible.

No estamos, todavía, en un escenario de suspensión de pagos como Grecia, Irlanda o Portugal, pero ese momento se acerca y necesitamos abrir los libros para cuantificar lo que debemos reclamar a la Troika y a nuestros acreedores nacionales o internacionales. Es inmoral y suicida pretender que paguen justos por pecadores.