domingo, 28 de julio de 2013

¿Qué entendemos por una auditoria ciudadana de la deuda?

A raíz de la presentación de la moción en el ayuntamiento d´Alacant, algunas objeciones que se nos hicieron se referían a que era eso de la auditoria ciudadana ¿por qué los ciudadanos tenían que auditar unas cuentas si, estos, ya habían elegido a unos representantes cuyo una de sus responsabilidades debía de ser esa? Ante esa visión estrecha de la democracia consideramos importante aclarar la importancia de dicha auditoria y porque los representantes elegidos no eran los más indicados. Tras dos meses de debate elaboramos el siguientes articulo que esperamos haya clarificado la cuestión. Dicho articulo lo enviamos al periódico Información, ver enlace, que publicó el pasado día 25 de julio. Posteriormente, el 29 de julio, también lo publicó Viento sur y el 31 del mismo mes en Rebelión. La Redacción


"Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa.

Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras. Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno.
La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana.
La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos.
Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana.
Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz.
Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión.
Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría.
En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas?) y en los niveles autonómico y local.
Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana.
La Auditoria ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas."


Mociones en ayuntamientos. Aspe, San Viçent del Raspeig y Santa Pola

En elaboración

sábado, 22 de junio de 2013

II Trobada de la PACD del País Valenciá

Los pasados días 13 y 14 de abril (hace ya mucho tiempo, perdonar el retraso) celebramos en Alcoi la II trobada de grupos de la PACD-PV, asistió a la trobada gente de los grupos de Alacant, Alcoi, Elda-Petrer, Elx y Valencia (en la primera trobada celebrada en Pego solo estuvimos personas de Valencia y Alacant, la cosa parece que va cogiendo fuerza). Participaron, también, cuatro compañer@s de Barcelona que nos hablaron sobre la metodología para auditar una deuda. El programa de las jornadas fue el siguiente:

Encuentro de la PACD País Valenciá
Alcoi 13, 14 de abril de 2013
Club d'Amics de la UNESCO d'Alcoi. C/ Cid, 12 (baixos)
Sábado 13 de abril


10h45: té y café, bienvenida

11h20 – 11h30: Introducción sobre el panorama de nuestra lucha a nivel Estatal e internacional, presentación del 2º encuentro del País Valencia y del programa. Manuela y/o Jérome.

11h30 – 13h30: ¿Que entendemos por Deuda ilegitima?, a cargo de la PACD Alicante; exposición y debate


13h30 - 14h00: El Circo de las deudas por Leo


14h00 – 16h00: Descanso, café y bocadillos

16h00 – 17h30: Metodologia de la auditoria, ponencia a cargo de Itziar Gimenez y Enric Pons de la PACD – Barcelona; exposición y debate.
17h30 – 17h45: Descanso, café

17h45 – 19h00: Seguimiento del presupuesto municipal a cargo de Marga + debate.


Domingo 14 de abril

10h00 – 13h00: Organización de la campaña en el País Valencia (No es una ponencia, más bien un intercambio de ideas, Necesita un buen moderador para organizar el debate)

A nivel del País Valencia:
  • Comunicación, web y próximo Encuentro PV
  • Campaña Moción,
  • Coordinación, creación de nuevos nodos en PV
  • Aprender de nuestras experiencias
  • Herramientas pedagógicas
  • Futuras campañas…

A nivel estatal:
  • textos fundamentales como herramientas (Ideas Fuerza, Mini guia…)
  • Coordinación y próximo Encuentro Estatal, ¿Dónde? ¿Quién participa?


La jornada del sábado, densa en contenidos, permitió debatir ideas, conceptos y metodología sobre que y como auditar. En ella el Grup d´Alacant, presentó la ponencia “Ideas y soporte jurídico para la elaboración del concepto de ilegitimidad de las Deudas públicas.”, ponencia que en su versión PDF aparece al final de esta entrada. El domingo fue una jornada de propuestas de trabajo y en ellas el Grup d´Alacant se comprometió a elaborar un borrador sobre como realizar la auditoria de las cuentas de la Generalitat valenciana, texto que en su versión PDF, también aparece al final de esta entrada. Fueron unas jornadas bastante fructíferas y que permitieron entre otras cosas conocernos personalmente, algo que siempre es gratificante.
Se decidió realizar el próximo encuentro de País a finales de septiembre y en el evaluar lo que hubieran dado de si las mociones en ayuntamientos y la evolución del trabajo sobre la auditoria del País Valencià con el fin de sacar unas primeras conclusiones que permitieran iniciar un trabajo de difusión pública que permitiera implicar a más colectivos en esa tarea.


lunes, 8 de abril de 2013

Presentación de la Moción por la Auditoria ciudadana de la Deuda en el ayuntamiento d´Alacant ( y 5)

Hola. Ya tenemos el video del debate de la moción en el pleno del ayuntamiento d´Alacant, del pasado 26 de marzo. Dura algo más de 37 minutos, pero vale la pena verlo, en él, tanto PP, PSOE como UPyD se retratan, y la argumentación tan pobre que utilizan para rechazarla. Un saludo, la redacción

Presentación de la Moción por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en el ayuntamiento d´Alacant. (4)

La moción parece que va logrando algunos éxitos. Y digo  éxitos porque lo que pretendemos con ella es poner en el debate público el problema de la Deuda y eso poco a poco se está consiguiendo en estas tierras del sur del Pais Valencià. El pasado 5 de abril un miembro destacado del PSOE alicantino, para tapar sus verguenzas arremetió contra la moción en el principal periodico de la zona, ver enlace:


Ayer otro destacado dirigente del mismo partido, en este caso de más peso político, continuo con el ataque

Ambos articulos nos dan pie para responder y que como ya he dicho anteriormente la Deuda se debata públicamente y auditoria no sea un tema tabú. A continuación transcribo el articulo que hemos enviado al periodico información esperando que sea publicado. Un abrazo, la redacción.


No pagar la deuda ilegítima es la única política responsable
El pasado 26 de marzo, los grupos municipales del PP, PSOE (con la excepción de 2 de sus miembros) y UPyD rechazaron una moción de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda sobre la moratoria (la paralización del pago) de la deuda y su auditoria. El dia 5 de abril, Angel Pernías justificó en este periódico el rechazo del PSOE de Alacant a la moción basándose en lo inadecuado o ilegal de algunos aspectos de la misma (la moratoria municipal, la progresividad de los impuestos y que la auditoría fuera ciudadana).
La moción solicitaba la moratoria y "una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda".
Lo que rechazaron estos grupos es la posibilidad real de salir de la crisis utilizando procedimientos democráticos. Lo que dan por bueno son procedimientos como el cambio del articulo 135 de la constitución o la conversión de deudas privadas en deuda pública. Su objetivo es garantizar el pago a los grandes bancos y agencias financieras españolas e internacionales de aquellos prestamos que concedieron a otros bancos, sin el mínimo de vigilancia y precaución exigibles, con el objetivo de obtener beneficios en base a la especulación. Se equivocaron en esta apuesta especulativa y los políticos "responsables" acuden en su rescate obligando a la ciudadanía a pagarles sus pérdidas.
El cambio del artículo 135 dice que por encima de la cobertura de las necesidades sociales de la población se encuentra la obligación del pago de la deuda. La constitución, que dicen que es intocable, se cambió, en 2011, en el mes de agosto y en 24 horas, sin deliberación ni participación ciudadana, y contraviniendo las disposiciones legales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos firmados por el estado. Es un procedimiento propio de un régimen dictatorial, y, por tanto, ilegítimo. Al atacar el principio básico de defensa de la población es, por ello, claramente injusto.
El cambio de la constitución trata de dar cobertura a un robo, la conversión de las pérdidas de los grandes bancos y agencias financieras en déficit público. Para cubrir este déficit se recurre a emitir deuda que es comprada y especulada por los mismos bancos y agencias cuyas pérdidas son salvaguardadas. El pago de los intereses de la deuda es cada vez mayor y para su reembolso se emite nueva deuda pública, de tal manera que ésta se vuelve impagable. La consecuencia es muy clara para estos políticos. Como "no hay dinero" hay que recortar en gastos sociales, en sanidad y en educación. Así, aprovechan la "crisis" (ellos no tienen crisis, sino la ciudadanía) para privatizar los servicios sanitarios y de educación, desmantelar la cobertura de protección social (desde las pensiones a los servicios sociales municipales), aumentar la ratio de alumnos por clase, despedir a 900 profesores interinos de la educación pública o impedir la investigación. Estas políticas son claramente injustas y vulneran la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sesión de 5 de julio de 2012, la cual subraya "que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas (refiriéndose específicamente a la deuda)". El Tribunal Constitucional de Portugal acaba de mostrar que las políticas de austeridad aplicadas en base a la coacción de la Troika no son legales. Aquellos países que han rechazado la deuda ilegítima no sólo no han entrado en un colapso financiero sino que han salido inmediatamente de la crisis que les era impuesta.
Los partidos y los concejales que han rechazado la moción presentada en el ayuntamiento son los partidos defensores de los bancos y de los grandes financieros. Como lo ha mostrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una buena parte de los políticos actuales no son los representantes de la ciudadanía, sino que cometen actos ilegales en contra de ésta. Por ello, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda seguirá desmontando el discurso oficial evidenciando sus mentiras, denunciando el expolio organizado de los fondos públicos y presentando alternativas.

Firmantes:
Manuela López,  Fernando Patón y Manuel Girón
Miembras de la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda-País Valencià


miércoles, 27 de marzo de 2013

Presentación de la Moción por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en el Ayuntamiento d´Alacant (3)

El pasado 26 de Marzo se discutió la moción presentada por la PACD en el ayuntamiento d´Alacant. El resultado fue el previsto. Tanto PP, como PSOE y UPyD votaron en contra, tan solo EU votó a favor,  como se aprecia en la foto siguiente:


El pleno sirvió para varias cosas. Por un lado la posibilidad de que un miembro de la Plataforma defendiera la moción, como vemos en la siguiente foto y cuyos argumentos transcribimos más adelante.


Por otro lado comprobar las argumentaciones tan pobres de los grupos que se opusieron, argumentaciones que quedaron grabada en un vídeo y que colgaremos en una siguiente entrada cuando podamos editarlo. Además dicha moción tuvo un efecto colateral, que se convirtió en la principal noticia del día, el abandono del pleno de unos concejales del PSOE por negarse a votar en contra del texto presentado por la PACD como podréis comprobar en la noticia publicada en el periódico La Verdad.


Entre el público se encontraban algunxs compañerxs cercanos a la plataforma que en un momento dado enarbolaron unos carteles de apoyo que la policía retiró rápidamente. Un abrazo. La redacción




Dircurso en defensa de la moción


El pasado día 8 de marzo desde la PACD presentamos dos escritos en el registro de este ayuntamiento, escritos que hoy se debaten en este pleno. Ante la posibilidad, que luego se cumplió, de que dichos escritos no fueran aceptados, acercamos una copia de los mismos a todos los grupos municipales, esperando que alguno de ellos recogiera el guante. Debemos agradecer al grupo de EU que lo recogiera y gracias a él podamos hoy hablar sobre el tema.

Cada día son más las personas en Alacant que viven en la pobreza, que padecen hambre, que carecen de la posibilidad de desarrollarse como personas, que carecen de futuro. Diariamente miles de ciudadanxs nos enfrentamos a nuevos recortes, al desempleo, al desahucio de la vivienda, a la perdida de la cobertura sanitaria, a la muerte prematura. La justificación que dan los gobiernos estatal, valencià y municipal, muchos políticos y algunos medios de comunicación a esta situación es que no hay dinero, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero ante esas justificaciones muchxs ciudadanxs nos rebelamos porque creemos que faltan a la verdad.

Sabemos que hay bancos y grandes empresas endeudados a los que se rescata con dinero público. Sabemos que el 81% de la deuda total del estado es una deuda privada y no pública. Sabemos, que para pagar esta deuda privada, el estado se ha endeudado de forma progresiva y los intereses que debemos pagar son cada vez más altos. Y por mucho más que nos endeudemos para pagarlos, y cada vez lo es más, estos intereses son impagables.

A día de hoy, el servicio de la deuda se lleva el dinero que tendría que utilizarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Las comunidades autónomas y los municipios ven restringidos sus presupuestos, y la disminución de sus gastos conlleva la disminución de las prestaciones sociales, de las políticas de empleo, de la educación y de la salud. Lo que comprueba cualquier ciudadanx cuando acude en busca de ayuda a un centro social de la ciudad es que no existe tal ayuda por la falta de recursos en el área de bienestar social.

Lo que sí sabemos lxs ciudadanxs es que una parte importante de la deuda pública es una deuda ilegítima e injusta. Y es injusta porque esta deuda NO se ha originado para cubrir las necesidades básicas de la población.

En definitiva, mientras que con dinero público se rescata a los bancos, se hace cargar sobre lxs ciudadanxs todo el peso de ese rescate mediante recortes de los derechos inalienables. Derechos básicos como la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, el empleo...

El Estado español firmó en 1976 el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de las NNUU y comprometió su legislación y su política a la defensa de dichos derechos. Este compromiso fue vulnerado por la modificación del articulo 135 de la constitución que, de una forma inmoral, prioriza el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales.

La Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos del las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas" y "Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales".
Y tal como indica el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa en su informe de 13/8/2012, "las cargas excesivas de deuda externa tienen un impacto negativo en la realización de los derechos humanos y el desarrollo en los países deudores a través de la desviación de recursos de los servicios sociales básicos y a través de las condiciones adjuntas a los mecanismos internacionales de alivio de la deuda". 

A esto es a lo que estamos asistiendo y es lo que no estamos dispuestos a aceptar. La constatación innegable de la injusticia de unas medidas gubernamentales es un criterio básico y decisivo para desobedecerlas. Y es lo que estamos dispuestos a hacer y lo que pedimos.

Por ello, por una cuestión de justicia, de moralidad y de compromiso con el bienestar de sus ciudadanxs, les pedimos a ustedes, concejales del equipo de gobierno y de la oposición que exijan:
  1. Una moratoria inmediata en el pago de las deudas financieras de las administraciones públicas estatal y de País Valencià.
  2. La realización de una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda.
  3. La derogación de la reforma del articulo 135 de la constitución, de agosto de 2011, y reconocer, de forma explícita, la primacía del gasto social sobre el pago de la deuda y de sus intereses.
  4. Como resultado de la auditoria ciudadana, exigir a las administraciones central y de País Valencià, que una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, se establezca con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima.
Así mismo, les exigimos que a nivel municipal:
  1. Aprueben una revisión de los impuestos municipales, con el objetivo de hacerlos realmente progresivos en función de la renta y aliviar a los sectores más excluidos de la población.
  2. Declaren una moratoria inmediata en el pago de la deuda financiera de este Ayuntamiento.
  3. Realicen la Auditoría de la deuda de este Ayuntamiento, y para ello se establezca una Comisión Independiente y Ciudadana de Auditoria de las deudas municipales basada en la apertura de todos y cada uno de los contratos establecidos con particulares, exponiendo sus condiciones y resultados al escrutinio público.
  4. Y Por último, como resultado de la auditoria ciudadana, y una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, establezcan con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima de este Ayuntamiento.
Porque, y concluyo, una deuda que no hemos generado los ciudadanos/as es una deuda ilegítima. Es una deuda que no debemos de pagar.

lunes, 18 de marzo de 2013

Presentación de la Moción por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en el ayuntamiento d´Alacant (2)

Como veríais en la anterior entrada, la presentación de la moción tuvo bastante repercusión mediática, así como un apoyo de diversos colectivos, apoyo que seguimos recabando para cuando la presentemos en otros ayuntamientos cercanos. Durante el acto fueron varios los que tomaron la palabra, compañeros de Stop-desahucios y Toma la Plaza, además de un portavoz de la Plataforma que leyó el manifiesto elaborado para el acto. Tras la presentación en el registro, copias de la Moción y de la Declaración institucional, se levaron a los grupos municipales para ver si alguno las recogía. De los cuatro grupos que forman el consistorio (PP, PSOE, EU y UPyD) tan solo Esquerra Unida dio su apoyo.  Transcribimos en esta entrada el manifiesto leído y colgamos enlaces de la Declaración institucional y de la Moción.La fotos cedidas por Antonio Roda. Un abrazo, la redacción.

Compañera de Stop-Desahucios denunciando la situación de los servicios sociales

Compañero de Toma la Plaza Explicando el papel de la deuda en los recortes sociales

Un miembro de la PACD leyendo el manifiesto
MANIFIESTO


Continuamente, desde los gobiernos, nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que esa es la causa de la crisis que nos aprisiona, que hay que ajustar las cuentas, que hay que reducir el déficit, en definitiva que hay que recortar.
El Estado está en quiebra, la Generalitat arruinada y este Ayuntamiento no tiene dinero. Pero la inmensa mayoría de la deuda es privada, sobretodo de entidades financieras y grandes empresas. La deuda de las familias, es principalmente hipotecaria y es debida a la gran estafa cometida por los bancos y amparada por los gobiernos que transformaron el derecho a la vivienda en un negocio para la banca y las constructoras. La Deuda Pública no llega al 20% del total de la deuda y hasta hace poco tiempo no era un problema ¿por qué ahora lo es?
Para solucionar este problema, el problema de la deuda, se han tomado tres soluciones:

  1. La Deuda privada de las grandes empresas se ha ido traspasando a la Deuda pública, la deuda de todos. En los últimos cuatro años 240.000 millones de euros de dinero público se han dado a la banca, 240.000 millones que se han ido quitando de las pensiones, de la educación , de la sanidad, de los servicios sociales, de las prestaciones al desempleo, etc. Mientras tanto, a los bancos se les han disminuido los impuestos.
  2. La Deuda de las familias se ha acometido mediante el desahucio masivo por parte de los bancos a aquellas las familias que han llegado al limite y no han podido seguir pagando la hipoteca.
  3. Para la Deuda Pública se están llevando a cabo draconianas medidas de recorte del gasto público en todo aquello que tiene un carácter social. En el presupuesto de 2013 de este ayuntamiento, por ejemplo, se han recortado 500.000 euros en servicios sociales, justo en el momento que más tendría que aumentar dicha partida

Por todo ello ha llegado la hora de denunciar el fraude Deuda, por que estamos ante un fraude, y para ello, como primer paso, la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ha presentado hoy dos mociones en este ayuntamiento, y dentro de unos de unos días en otros ayuntamientos cercanos, solicitando una moratoria inmediata que permita una auditoria bajo control ciudadano de la misma y determine que parte de ella es ilegítima, (nosotros pensamos que la mayoría), para una vez auditada no pagar la que se demuestre que es ilegítima.



Frente a los recortes: MOVILIZACIÓN
y frente a la Deuda gritamos:
¡¡¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS!!!





Presentación de la Moción por la Auditoria Ciudadana de la Deuda en el ayuntamiento d´Alacant (1)

El pasado 8 de Marzo presentamos en el registro del ayuntamiento d´Alacant, en compañia de los colectivos Toma la Plaza y Stop-Desahucios, una Moción, solicitando la auditoria de la deuda del propio Ayuntamiento y una Declaración institucional, para que el mismo ayuntamiento solicitara a la Generalitat valenciana y al Gobierno estatal una auditoria de sus propias cuentas. 
Ambos escritos estaban apoyados por diversos colectivos ( Radio Artegalia, Toma la Plaza, Stop-Desahucios, Attac, Ecologistes en Acció, CGT, Acdesa, Compromis, Asociación de Vecinos El Moralet, Esquerra Anticapitalista y Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental Pais Valenciano-AENPV ), posteriormente recibimos el apoyo de Esquerra unida. 
La repercusión en los medios fue amplia como veréis en los enlaces que aparecen a continuación. Días más tarde el diario información publicó un articulo de opinión de nuestro compañero Clemente Hernandez del que también os ponemos el enlace. En otra entrada posterior desarrollaremos la acción y colgaremos el texto de la moción. Un abrazo, la redacción  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/03/06/protesta-ayuntamiento-alicante-recortes-sociales/1350624.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/08/alicante/1362737352.html

http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article3567

http://www.lavanguardia.com/20130308/54369099816/un-centenar-de-personas-protesta-ante-el-ayuntamiento-contra-los-desahucios-y-los-recortes-sociales.html

http://www.20minutos.es/noticia/1752814/0/

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/15/auditoria-ciudadana-deuda-publica/1353638.html

sábado, 9 de marzo de 2013

8 de Marzo. Mujer y Deuda

Además de la Deuda financiera que nos afecta a todxs hombres y mujeres, existe la Deuda de genero un problema que como plataforma estamos dispuestos a afrontar, al igual que otros tipos de deuda, ecológica, histórica, etc... Solo desde una perspectiva amplia del problema de la Deuda, y su función en la lógica de acumulación del sistema, es como podemos plantear una solución a la crisis que nos afecta, que no es una crisis financiera, sino una crisis global.  El vídeo de una conferencia de Amaia Pérez Orozco cuyo enlace  tenéis a continuación es bastante ilustrativo, así como el articulo de la Comisión de Género de la PACD que transcribimos más abajo en edición bilingue, valenciano-castellano. Un abrazo, la redacción




El deute de gènere:
 L’expropiació del treball i el cos de les dones

Comissió de gènere de la PACD



Convé recordar que la situació de crisi que vivim no és únicament econòmica i financera, sinó també social, ecològica, alimentària, de cures i de gènere. Alhora, convé tenir molt present que aquesta situació és el resultat d’un model econòmic que precaritza la vida i que, en darrer terme, com assenyala Amaia Pérez Orozco des de l’àmbit de l’economia ecofeminista, atemptat contra la mateixa vida: “en un context en què hi ha mitjans més que suficients per garantir condicions de vida dignes, les vides estan sota amenaça permanent” (De vides visibles i producció invisible, 2012). De totes les crisis, els mitjans de comunicació de masses reflecteixen només la crisi del deute. I, per bé que el deute s’ha convertit en un concepte quotidià, el mateix concepte recull una gran varietat de situacions. Sota el concepte de deute s’amaguen preceptes morals, el més clar dels quals és el de “un deute sempre es paga”, tot i que no sempre és així.
El deute financer, el més conegut, és un deute monetari amb un banc que pot tenir contret una família, l’Estat o una empresa. Però existeixen altres deutes: el deute ecològic, el deute històric o el deute de gènere. Deutes que, d’una manera simbòlica, s’alcen per fer visible que el capitalisme s’ha desenvolupat basant-se en l’espoli i l’explotació per part d’una minoria de la riquesa generada per la majoria. Són deutes incalculables que probablement mai podran ser retornats. Tot i ser clarament superiors quantitativament que el deute financer, no surten als diaris ni se’n parla. Són deutes encara invisibles. Davant d’aquesta invisibilitat, moltes persones lluiten perquè es tinguin en compte, perquè es reconeguin.
El deute de gènere, és a dir, el deute que la societat té amb les dones, és també un deute invisible. Les dones són creditores, especialment respecte l’Estat i les empreses, perquè són les que realitzen el treball de cures que permet que els treballadors i les treballadores es reprodueixin. Si bé moltes dones tenen una doble jornada laboral, una d’aquestes dues jornades no està socialment reconeguda ni és remunerada. I, de fet, mentre visquem en un patriarcat capitalista, el deute amb les dones no serà reconegut ni serà, evidentment, restituït.

Li diuen deute però és patriarcat capitalista
A diferència del que sovint ens intenten fer creure, l’elevat deute que ofega als països de la perifèria europea no és la causa de l’elevat deute públic, sinó del deute privat. Els darrers anys, però, el rescat bancari ha augmentat el deute públic, i les polítiques antisocials imposades han ofegat l’economia i han fet disminuir els ingressos públics. Per tant, l’augment del deute públic és conseqüència de la crisi, no pas la seva causa. Tot això ha tingut lloc en el marc d’un model que ja portava temps funcionant, un model econòmic que es basa a obtenir el màxim benefici, que es fonamenta en la falsa premissa que el creixement pot ser il·limitat i que ignora sistemàticament les conseqüències que això pot tenir per a la sostenibilitat i la vida.
En totes les societats, incloses les més avançades en termes d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, les dones són les principals garants dels treballs de cures i de reproducció en un context d’invisibilització i desvalorització del seu treball. A la lògica del capital li interessa mantenir l’status quo pel que fa a la divisió sexual del treball, ja que gràcies a l’expropiació del treball i el temps de les dones es maximitza el benefici.
També l’expropiació del cos de les dones i la cosificació del cos femení porten a una maximització del benefici econòmic dels qui ostenten el poder econòmic. La prostitució, la pornografia, l’abús de la cirurgia estètica, l’ús de la dona com a reclam publicitari i, en la seva manifestació més greu, el tràfic de dones i nenes amb finalitat d’explotació sexual, en són exemples clars. De la mateixa manera, el sistema patriarcal capitalista promou el control sobre el cos de les dones pel que fa als drets sexuals i reproductius. Amb l’excusa de defensar la vida, es maquilla la veritable intenció, que no és altra que la submissió de les dones i la garantia de la perpetuació de la mà d’obra barata i consumista. No oblidem que si no tenim poder de decisió sobre el nostre propi cos, cap altre poder de decisió es fa possible.
D’altra banda, la desvalorització del treball reproductiu té un reflex directe en el món productiu. La lògica de creixement il·limitat del capitalisme patriarcal va permetre en un moment determinat de necessitat la incorporació de les dones al mercat laboral, concebent-les des com a mà d’obra més barata i fent-les servir com a pretext per flexibilitzar i precaritzar encara més les condicions laborals. La incorporació de les dones al mercat laboral no es va traduir en una menor dedicació al treball reproductiu.
La política de retallades en la despesa pública social lligada a l’augment de la demanda de cures (envelliment de la població, menors dependents, treballs domèstics…), la menor disponibilitat de dones a causa del treball remunerat i del desig d’emancipació de moltes d’elles, així com la falta d’implicació de la gran majoria dels homes en les tasques de cures, entre altres factors, fan visible la crisi de cures que es viu a Europa. Aquesta crisi es va diluir amb la contractació, en condicions laborals més que precàries, de milions de dones estrangeres que van deixar els seus països d’origen, ja colpejats anteriorment per les mateixes polítiques d’ajustos estructurals per treballar en les cures de les famílies europees, deixant les cures de les seves pròpies famílies en mans d’altres dones. Com afirma Sandra Ezquerra: “La cadena transnacional de les cures ha garantit durant anys la pervivència del capitalisme patriarcal alhora que ha invisibilitzat la seva naturalesa excloent” (Investigaciones feministas, vol. 2, 2011, p. 175-194).

La crisi abans de la crisi
Per tot això és necessari destacar que les dones ja estaven en crisi abans de la crisi. El repartiment desigual de la feina remunerada i del treball de cures han portat com a conseqüència menors taxes d’activitat i ocupació femenines. Les xifres d’atur femení duplicaven en moltes zones les xifres d’atur masculines abans de la crisi.
Les dones també reben salaris més baixos i pateixen una més gran precarietat laboral (temporalitat, contractes a temps parcial, assetjament, subocupació, etc.). Així mateix, tenen més dificultats d’accés i promoció en el mercat laboral, especialment les dones joves, qüestionades en el seu paper productiu per trobar-se en edat reproductiva, com assenyala Bibiana Medialdea (Ser mujer joven no da lo mismo, 2012).
Aquest panorama de crisi de gènere ha empitjorat per les retallades i les polítiques d’empobriment implementades per poder fer front al rescat d’un sistema bancari en fallida. La desigualtat de gènere augmenta en un context en què, sota el paraigües de la darrera reforma constitucional, es prioritza el pagament del deute per davant de la protecció de drets i serveis socials.

Pagar el deute o com augmentar ràpidament la desigualtat de gènere
Però si les dones estàvem en crisi abans de la crisi, també sabem que la crisi del deute ha servit per enfortir el model patriarcal. La priorització del pagament dels interessos del deute es dóna clarament en detriment de la despesa social, i les retallades es concentren en sectors professionals feminitzats, com la sanitat (-22%), l’educació (-17%), la igualtat (-42%) i el benestar social. Les retallades de sous i acomiadaments en aquests sectors afecten més a les dones, majoria entre les treballadores en l’àmbit social. Però, a més, en eliminar-se serveis socials fonamentals, se sobrecarrega les dones amb el treball de cures i reproducció.
L’incompliment de la llei de la dependència, juntament amb la reducció d’ingressos familiars, implica que cada cop hi ha més dones que deixen d’externalitzar el servei de cures i el duen a terme elles mateixes. Alhora, augmenta el nombre de dones cuidadores que deixen de rebre la prestació per tenir sota la seva responsabilitat una persona dependent.
Mesures fiscals com al congelació del salari mínim, la reforma de l’IRPF, l’augment de l’IVA, l’aplaçament en la millora de la pensió de viduïtat i del permís de paternitat i la congelació de pensions no contributives deixen les dones en situació de més gran vulnerabilitat. Totes aquestes mesures afecten més qui té menys i qui s’encarrega principalment del treball reproductiu no remunerat.
Les reformes laborals posen fi de cop als avenços aconseguits en els darrers anys pel que fa a les polítiques d’igualtat d’oportunitats en la feina. L’augment de la flexibilitat en l’acomiadament, la possibilitat de negociació particular de condicions laborals i el retrocés en la regulació de la feina domèstica, entre d’altres, són mesures que no únicament limiten les possibilitats de les dones a l’hora de denunciar situacions de desigualtat, sinó que són el brou on es cou que aquestes situacions es donin amb més facilitat, en un context en el qual el nombre de persones a l’atur supera ja els sis milions.
Des de que vam començar a escoltar la paraula deute hem assistit a un periple de decisions que ratifiquen tot el que s’ha esmentat fins ara: eliminació del Ministeri d’Igualtat, retallades en els pressupostos d’igualtat (-42%) i retallades en les partides destinades a l’atenció integral de la violència de gènere (-28%). En tot el territori de l’Estat espanyol hem assistit a l’acomiadament d’Agents de la Igualtat d’Oportunitats, principalment dones, a la desaparició de programes d’igualtat d’oportunitats a la feina, a l’eliminació de serveis d’atenció i suport a dones que han viscut experiències de violència masclista (cases d’acollida, centres d’emergència, serveis municipals d’informació, etc.) i a l’incompliment de facto de la Llei per la Igualtat efectiva de dones i homes i de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Es transmet a la població la idea que es tracta de polítiques supèrflues, que només ens podem permetre en època de bonança econòmica. Però en realitat són ara més necessàries que mai. En definitiva, estem assistint al desmantellament de serveis i programes que no feien sinó posar un granet de sorra en la lluita per a la no vulneració de drets bàsics, donat que es destinaven pressupostos irrisoris a aquests programes.
I això és així perquè ara ho necessita el sistema capitalista per continuar obtenint beneficis i sortir reforçat d’aquesta crisi. Es tracta d’aprofundir en la ideologia patriarcal i retornar al model únic de família: el model nuclear que asseguri el paper de les dones com principals garants del treball reproductiu i de tot allò que l’Estat deixa de cobrir per fer front al pagament del deute.
En definitiva, les polítiques d’austeritat no són neutrals pel que fa al gènere.

Com sortir del mal camí?
La Comissió de Dret Internacional de les Nacions Unides qualifica d’inadmissible “un Estat que abandona els serveis públics de manera que deixa a la seva comunitat en el caos i l’anarquia simplement per poder disposar dels diners per reemborsar els seus creditors”. Per tant, no tan sols són il·legítims els deutes que s’han contret per fer front al rescat del sistema bancari, sinó que són il·legítims també els pagaments del deute que impliquin la vulneració de drets econòmics, socials i culturals de la població. Com veiem, per fer front a un deute que no es nostre (el deute privat), s’està generant un deute encara més gran amb les dones, amb les futures generacions, amb les persones migrants, amb la gent gran i amb el medi ambient.
L’anul·lació dels deutes il·legítims i impagables és una mesura prioritària però no suficient. La forma com s’ha gestionat la crisi mostra com el patriarcat es manté com la base d’aquest capitalisme antisocial. Si no es produeixen canvis més profunds, el sistema continuarà subsistint i reproduint dinàmiques patriarcals. És, per tant, necessari un gir des de la lògica del capital a la lògica de la vida. I per això és necessari fer visible de manera contundent i constant que el conflicte no es exclusivament entre el capital i el treball, sinó entre el capital i la sostenibilitat de la vida.
És urgent donar passos ferms cap a un altre model econòmic que es basi en el ple exercici de drets per part de totes les persones, independentment del seu sexe d’origen, i que tingui en compte la necessària protecció de l’entorn. En aquest nou ordre de coses, el repartiment equitatiu de tots els treballs, els remunerats i els no remunerats, adquireix una especial rellevància.
Tenim ja experiències que provenen de l’economia social i solidària i que demostren que un altre model econòmic és possible i necessari. Aquest és el camí que hem de seguir, sense perdre de vista en cap moment que, pel que fa al gènere, cap mesura que es posi en marxa serà neutral mentre la divisió sexual del treball continuï existint, fortament arrelada en la valoració diferent dels treballs productius i reproductius.

Font: auditoriaciutadana.net. Publicat al Setmanari Directa nº 308 el 6 de març de 2013


Deuda de Genero:
La expropiación del trabajo y del cuerpo de las mujeres

Comisión de género de la PACD


Convendría recordar que la situación de crisis que vivimos no sólo es económica y financiera, también es social, ecológica, alimentaria, de cuidados y de género. Por lo tanto convendría que tengamos muy presente que la situación actual es producto de un modelo económico que precariza la vida y que, en último término, como lo señala Amaia Pérez Orozco desde el ámbito de la economía ecofeminista, atenta contra la vida: «en un contexto en el que hay medios más que suficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas, las vidas están continuamente amenazadas» (De vidas vivibles y producción imposible, 2012). De todas las crisis, los media sólo reflejan la crisis de la deuda, convirtiéndose ésta en un concepto cotidiano. Sin embargo, este concepto engloba una gran variedad de situaciones. Y también preceptos morales, como el casi obligatorio: una deuda siempre se debe saldar. Aunque no siempre sea así.
La más conocida es la deuda financiera, o sea, la deuda monetaria contraída con un banco por una familia, una empresa o un Estado. No obstante, existen otras deudas: la ecológica, la histórica, la de género. Al enarbolarlas, simbólicamente, visibilizan el hecho de que el capitalismo se desarrolla mediante el expolio y la explotación por parte de una minoría de la riqueza generada por la mayoría. Estas otras deudas no se pueden cuantificar y quizás no se podrán devolver jamás. Y a pesar de que son muy superiores a la deuda financiera, ni salen en los diarios ni se habla de ellas. Todavía son invisibles. Ante esta invisibilidad, hay muchas personas que luchan para que se tengan en cuenta, para que se reconozcan.
Una de estas deudas invisibles es la deuda de género, que es la que tiene la sociedad con las mujeres. Porque las mujeres son acreedoras, en particular, respecto al Estado y a las empresas, ya que son las que realizan el trabajo de cuidados que permite la reproducción de los trabajadores y trabajadoras. Aunque muchas mujeres tengan una doble jornada laboral, solamente se les reconoce una, la otra ni está socialmente reconocida ni es remunerada. Mientras vivamos en un patriarcado capitalista, la deuda con las mujeres no será reconocida ni, evidentemente, restituida.

Le llaman deuda pero es patriarcado capitalista
A diferencia de lo que a menudo nos intentan hacer creer, la deuda que ahoga a los países de la periferia europea no responde a una elevada deuda pública, sino a la deuda privada. Sin embargo, durante los últimos años el rescate bancario produjo un aumento de la deuda pública, que llevó a la imposición de políticas antisociales que ahogaron la economía e hicieron disminuir los ingresos públicos. Por lo tanto, el aumento de la deuda pública es una consecuencia de la crisis y no su causa. El marco de todo esto es un modelo con mucho tiempo de funcionamiento, basado en la obtención del máximo beneficio. Su falsa premisa es el crecimiento ilimitado que ignora, de forma sistemática, las consecuencias que puede tener sobre la sostenibilidad y la vida.
En todas las sociedades, incluidas las más avanzadas con respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siempre las mujeres son la garantía del trabajo de cuidados y de reproducción, en un contexto de invisibilización y de desvalorización de su trabajo. Pero al capital le interesa mantener este statu quo para la división sexual del trabajo: la expropiación del trabajo y el tiempo de las mujeres maximiza su beneficio.
También la expropiación del cuerpo de las mujeres y su cosificación maximiza el beneficio de los que detentan el poder económico. La prostitución, la pornografía, el abuso de la cirugía estética, la utilización de la mujer como reclamo publicitario, y lo más grave, el tráfico de mujeres y niñas para su explotación sexual, son un claro ejemplo. En forma similar, el sistema patriarcal capitalista promueve el control del cuerpo de las mujeres con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Con la excusa de defender la vida, se maquilla su verdadera intención que no es otra que la de obtener la sumisión de las mujeres, para garantizar la perpetuación de una mano de obra barata y consumista. No debemos olvidar que si no ejercemos el poder de decisión sobre nuestro propio cuerpo, ningún otro poder de decisión será posible.
Por otra parte, la desvalorización del trabajo reproductivo se refleja directamente en el mundo productivo. La lógica del crecimiento ilimitado, cara al capitalismo patriarcal, permitió en un momento determinado de necesidad la incorporación de las mujeres al mercado laboral, utilizándolas como mano de obra más barata y como pretexto para flexibilizar y precarizar aún más las condiciones laborales. La incorporación de las mujeres al mercado laboral no se tradujo en una menor dedicación al trabajo reproductivo.
La política de recortes del gasto público social ligada a un aumento de la demanda de cuidados (envejecimiento de la población, menores dependientes, trabajo doméstico…), la menor disponibilidad de mujeres debido a sus trabajos remunerados y al deseo de emancipación de muchas de ellas, junto a la falta de implicación de la gran mayoría de los hombres en las tareas de cuidados, entre otros factores, sacan a la luz del día la crisis de cuidados que se vive en Europa. Crisis en parte paliada por la contratación, en condiciones laborales más que precarias, de millones de mujeres extranjeras que dejaron sus países de origen, ya arruinados por las mismas políticas de ajustes estructurales, para trabajar en el cuidados de las familias europeas, dejando el cuidado de su propia familia en manos de otras mujeres. Como afirma Sandra Ezquerra: «La cadena transnacional de cuidados ha garantizado durante años la pervivencia del capitalismo patriarcal mientras que ha invisibilizado su naturaleza excluyente.» (Investigaciones feministas, vol. 2, 2011, pp. 175-194)

La crisis antes de la crisis
Por todo lo dicho, es necesario destacar que las mujeres ya estaban en crisis antes de la crisis. El reparto desigual del trabajo remunerado y del trabajo de cuidados tiene como consecuencia una menor tasa de actividad y de ocupación femenina. Antes de la crisis, las cifras del paro femenino duplicaban en muchas zonas las cifras del paro masculino.
Además, las mujeres reciben salarios más bajos y sufren una mayor precariedad laboral (temporalidad, contratos de tiempo parcial, acoso, subocupación, etc.). También tienen más dificultad en el acceso y la promoción en el mercado laboral, especialmente las mujeres jóvenes, cuestionadas en su papel productivo al encontrase en edad reproductiva, como señala Bibiana Medialdea (Ser mujer joven no da lo mismo, 2012).
Este panorama de crisis de género ha empeorado por los recortes y las políticas de empobrecimiento implantadas para poder hacer frente al rescate del quebrado sistema bancario. La desigualdad de género aumenta en una situación en la que, bajo el paraguas de la reforma constitucional, se prioriza el pago de la deuda por delante de la protección de los derechos y servicios sociales.

Pagar la deuda o cómo aumentar rápidamente la desigualdad de género
Las mujeres estaban en crisis antes de la crisis pero también sabemos que la crisis de la deuda ha servido para fortalecer el modelo patriarcal. La prioridad en el pago de los intereses de la deuda se decide, claramente, en detrimento de los gastos sociales. Además los recortes se concentran en sectores profesionales feminizados como la sanidad (-22%), la educación (-17 %), la igualdad (-42 %) y el bienestar social. En estos sectores, los recortes en dinero y los despidos afectan más a las mujeres, ya que son mayoría en el ámbito social. Este proceso de eliminación de servicios sociales sobrecarga a las mujeres con más trabajo de cuidados y reproducción.
El incumplimiento de la ley de dependencia junto a la reducción de ingresos familiares implica una reducción en la externalización del servicio de cuidados puesto que cada vez más mujeres asumen el de su propia familia. Al mismo tiempo, se aumenta el número de mujeres cuidadoras que dejan de recibir la prestación por ser responsables del cuidado de una persona dependiente.
Unas medidas fiscales como la congelación del salario mínimo, la reforma del IRPF, el aumento del IVA, el aplazamiento en la mejora de la pensión de viudedad y del permiso de paternidad, la congelación de las pensiones no contributivas dejan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Todas estas medidas afectan más a las que tienen menos y a las que se encargan principalmente del trabajo reproductivo no remunerado.
Las reformas laborales acaban de golpe con los avances producidos en los últimos años dentro de las políticas de igualdad de oportunidades en el trabajo. El aumento de la flexibilidad en los despidos, la posibilidad de negociación particular de las condiciones laborales y el retroceso en la regulación de las tareas domésticas son medidas, entre otras muchas, que no sólo limitan la capacidad de las mujeres para denunciar situaciones de desigualdad, sino que constituyen el caldo de cultivo de estas situaciones, en un contexto en el que el número de personas desempleadas llega ya a los seis millones.
Desde que comenzamos a escuchar la palabra deuda asistimos a una serie de decisiones que ratifican lo que se ha mencionado aquí: eliminación del ministerio de Igualdad, recortes en los presupuestos de igualdad (-42 %), recortes en las partidas destinadas a la atención integral de la violencia de género (-28 5). En todo el territorio del Estado español se produjo el despido de los Agentes para la Igualdad de Oportunidades, principalmente mujeres, la desaparición de los programas de igualdad de oportunidades en el trabajo, la eliminación de los servicios de atención y de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia machista (casas de acogida, centros de emergencia, servicios municipales de información, etc.) y al incumplimiento de facto de la ley por la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Con todo ello, se quiere transmitir a la población que se trata de políticas superfluas, que únicamente se pueden permitir en tiempos de bonanza económica. Sin embargo, estas políticas son más necesarias que nunca. O sea, que estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios y programas que sólo ponían un granito de arena en la lucha por la no vulneración de los derechos básicos, dado que los presupuestos de estos programas eran irrisorios.
Y no puede ser de otro modo puesto que el sistema capitalista lo necesita para continuar obteniendo beneficios y salir reforzado de la crisis. Se trata de profundizar en la ideología patriarcal y de volver al modelo único de familia: el nuclear que asegura la función de las mujeres como principales garantes del trabajo reproductivo, y además, de todo lo que el Estado deja de asumir en pro del pago de la deuda.
Por lo tanto, las políticas de austeridad no son neutrales con respecto al género.

¿Cómo salir del mal camino?
La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas califica de inadmisible que «un Estado abandone los servicios públicos de manera que deje a su población en el caos y la anarquía simplemente para poder disponer del dinero para reembolsar a sus acreedores». En consecuencia, no sólo son ilegítimas las deudas contraídas para hacer frente al rescate del sistema bancario, sino que también son ilegítimos los pagos de la deuda que impliquen la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Como ya hemos visto, para hacer frente al pago de una deuda que no es nuestra (la deuda privada) se está generando una deuda mayor con las mujeres, con las generaciones futuras, con las personas migrantes, con los mayores y con el medio ambiente.
La anulación de las deudas ilegítimas e impagables es una medida prioritaria pero no suficiente. La forma en la que se ha gestionado la crisis muestra que el patriarcado se mantiene como el fundamento de este capitalismo antisocial. Si no se producen cambios más profundos, el sistema continuará subsistiendo y reproduciendo unas dinámicas patriarcales. Por consiguiente es necesario un cambio de dirección desde la lógica del capital hacia la lógica de la vida. Y para eso hay que proclamar de manera contundente y constante que el conflicto no es exclusivamente entre el capital y el trabajo, sino también entre el capital y la sostenibilidad de la vida.
Es urgente encaminarnos sin vacilaciones hacia otro modelo económico que se base en que todas las personas gocen del pleno ejercicio de sus derechos, independientemente de su sexo de origen, y que tenga en cuenta la protección necesaria del ambiente. En este nuevo orden, adquiere una especial relevancia el reparto equitativo de todos los trabajos: remunerados o no remunerados.
Tenemos experiencias que provienen de la economía social y solidaria que demuestran que otro modelo económico es posible y necesario. Este es el camino que debemos seguir, sin perder de vista en ningún momento, con respecto al género, que ninguna medida que se ponga en marcha será neutra mientras exista la división sexual del trabajo, arraigada fuertemente en la valoración diferente de los trabajos productivos y reproductivos.

Fuente: auditoriaciutadana.net. Publicado en el semanario Directa nº 308 el 6 de marzo de 2013

lunes, 25 de febrero de 2013

Entrevista attacantes ( y 2)

A continuación publicamos la entrevista realizada en el programa Attacantes de Radio Artegalia, el pasado 23 de enero, con las matizaciones anunciadas en la anterior entrada. La redacción.



¿Porqué una Plataforma para solicitar la Auditoria Ciudadana de la Deuda?,

Porque solo se puede conseguir imponer a los "mercados" una moratoria del pago de la deuda por medio de una movilización ciudadana lo mas amplia y unitaria posible. La plataforma es una herramienta para organizar esta resistencia. Los gobiernos, de derechas o de "izquierdas", la patronal y los sindicatos mayoritarios, hasta ahora han mantenido la lógica de pago de la deuda y de aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la comisión europea y la presión de los mercados. Solo desde la movilización unitaria y desde abajo se puede revertir esta dinámica, y este es el objetivo de la plataforma.

¿Nos podéis explicar las causas y los objetivos de estas Plataformas ?

Nos parece imprescindible vincular la lucha contra todos los recortes sociales y otras luchas sectoriales con la denuncia de la deuda ilegítima. La deuda es el origen de estos recortes, y no al revés; es decir, no es que tengamos una deuda pública elevada porque hemos gastado mucho en servicios sociales, sino que estamos pagando con dinero público, las deudas de los bancos y grandes empresas, por eso no quedan recursos para las necesidades básicas de la ciudadanía, y además nos imponen políticas restrictivas desde Europa con el beneplácito de los gobiernos.
Es necesario explicar a la gente que está padeciendo los recortes, que se ve afectada por un ERE, a la que se le ha alargado la edad de la jubilación…, que este gobierno y el anterior han realizado un trasvase de deuda privada a deuda pública. Es decir que nos están robando y no debemos consentirlo.
Debemos desmontar el discurso del poder ante la opinión pública. Los gobiernos y los bancos cuentan con la complicidad de los medios de comunicación, que maquillan y desvirtúan la información. La gente debe saber que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y sobre todo que el pago de la deuda no es una salida sino una trampa, y que existen salidas alternativas a la crisis.
El primer paso es pedir una moratoria inmediata del pago de la deuda pública y de sus intereses porque tenemos indicios de que gran parte de la deuda es ilegítima. A continuación, exigir transparencia en las cuentas públicas y que se realice una auditoría bajo control ciudadano que determine qué parte de la deuda es ilegítima y no debe ser pagada. En tercer lugar, exigir que se restituya al erario público la deuda ilegítima que ya ha sido pagada. Por último, pedir responsabilidades penales a los ejecutivos de los bancos, como ya se ha hecho con Rodrigo Rato, a los políticos, a los miembros de los organismos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) y
empresas auditoras.
La Plataforma pide que las necesidades de la población se sitúen por encima de las exigencias de los mercados. En ese sentido, pedimos la derogación de la reforma de la Constitución de agosto de 2011.

Cuándo habláis de deuda ilegítima ¿A qué os estáis refiriendo?

En general, nos referimos a aquella deuda que se contrae sin que tenga relación con, o que ponga en peligro, la cobertura de las necesidades básicas de la población. Estas deudas se suelen contraer de forma opaca, sin la participación y decisión democrática de la población y de los grupos afectados por las medidas, y benefician a pequeños grupos con un alto nivel de poder.
A lo largo de la historia cuando un Estado ha rechazado el pago de una deuda, a menudo se ha amparado en el concepto jurídico de “deuda odiosa” que es un concepto reconocido
por la ONU. El concepto de deuda ilegítima es un concepto más amplio, ligado a la idea de justicia más que al de legalidad. Es decir, que una deuda que puede ser perfectamente legal puede ser declarada, según nuestros criterios, como ilegítima.
En la Plataforma de Alicante estamos trabajando, de momento, con 3 causas de ilegitimidad:
  • Cuando se utilizaron mecanismos injustos que originan un déficit: Por ejemplo, el déficit del Estado español se debe en gran medida a una política fiscal injusta y no redistributiva en la que se grava más al trabajo asalariado que a las grandes empresas, a los bancos y empresas financieras, a las grandes fortunas… en la que se bajan los impuestos directos y se aumentan los impuestos indirectos como el IVA, en la que no se persigue el fraude fiscal (que supone un 10% del PIB) y se decreta una amnistía fiscal que incita a defraudar.
  • Decisiones de los gobiernos que originan deuda y que no se ajustan al interés general: Las inversiones en obra pública faraónicas que no responden al interés general de la ciudadanía: aeropuertos vacíos, tren de alta velocidad, palacios de congresos…El mecanismo de financiación impuesto por la U.E. que prohíbe al Banco Central emitir deuda pública. Al tener que buscar financiación en los mercados financieros, éstos especulan con el interés de la deuda soberana. Préstamos concedidos por el BCE al 1% a la banca privada (rescatada con dinero público) y que utiliza estos fondos, no para que fluya el crédito entre las pymes y las familias, y se oriente a la creación de empleo, sino para especular con la deuda pública por la que exigen intereses del 5 al 7% en el caso de estado español.
  • Cuando son decisiones tomadas a espalda de los pueblos (mediante mecanismos opacos de decisión, sin que exista la necesidad y sin que nadie lo demande), y cuyas consecuencias negativas recaen sobre los mismos. El más evidente es el rescate bancario. Es también el caso de la privatización de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales; el coste de los servicios de salud privados de Alzira supone un 30% más que si fueran públicos.
¿Cuándo se constituyó la Plataforma en Alicante? ¿qué organizaciones la componen?

La Plataforma de Alicante se constituyó en junio de 2012 a partir de un grupo surgido del 15M. Se hizo un llamamiento a diferentes movimientos sociales y, en la actualidad la integran el movimiento 15 M, Attac, Ecologistas en Acción, la CGT, la Intersindical Valenciana y personas a nivel individual.

¿Cuál ha sido la actividad que habéis desarrollado hasta ahora?

Hasta ahora nuestra actividad se ha centrado principalmente en tres aspectos. Por una parte denunciar el papel central de la deuda en el origen y mantenimiento de la crisis económica, de los recortes, así como su papel para reforzar los mecanismos de acumulación de capital de aquellos que la han originado, a costa de la perdida de derechos democráticos, económicos y sociales de la población. De la crisis se saldrá pero a costa de los de abajo. Para ello hemos elaborado el tríptico “Desmontando las mentiras sobre la deuda”, del que hemos impreso 6.000 ejemplares y lo repartimos en concentraciones, manifestaciones y brigadas informativas. También participamos junto a Toma la plaza, durante 3 meses, de junio a finales de septiembre, en la cacerolada semanal contra el rescate bancario frente a una sede céntrica de Bankia.
Por otra parte, apoyar y vincular luchas sectoriales contra los planes de austeridad con el tema de la deuda, como en el caso de la Sanidad Pública, de los Afectados por la Hipoteca, de los Afectados por las participaciones preferentes, en el tema de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Alicante. Para ello hemos dado charlas a distintos colectivos como la PAH de Elche, I.E.S.; participamos en la campaña de ACDESA (6/10) en defensa de la Sanidad Pública y en la campaña por la municipalización de la contrata de recogida de residuos urbanos y la llegada de basuras de otras localidades a la planta de esta ciudad, campaña promovida por Ecologistas en acción y las asociaciones de las partidas rurales.
Y como tercer aspecto, llevamos a cabo un trabajo de formación interna y elaboración de propuestas.
L a culminación de gran parte de este trabajo lo tuvimos el pasado mes de octubre con la organización, junto a Toma la Plaza, de la Semana Internacional contra la Deuda Externa.


Sabemos que existen otras plataformas en el ámbito estatal e internacional. ¿Nos
podéis comentar cómo estáis coordinados y qué campañas habéis realizado en
esos ámbitos?

En el Estado Español varios grupos han estado trabajando durante 2 años para constituir esta plataforma, y en marzo de 2012 se creó oficialmente la PACD a nivel estatal (con sus comisiones de auditoría, coordinación y logística y difusión). Trabajamos en una red de Plataformas de distintas ciudades; nuestra organización es horizontal y cada plataforma es autónoma en sus decisiones.
Celebramos una o dos asambleas estatales al año (la última en Zaragoza, noviembre de 2012), también hay reuniones “on line”, y existe una coordinación de las distintas comisiones a nivel estatal.
Como te he dicho anteriormente, organizamos la Semana Internacional contra la Deuda Externa que se celebró del 8 al 13 de Octubre 2012 y que culminó con una cacerolada de unas 1000 personas (a pesar de la lluvia)
Actualmente, a nivel de País Valencià, estamos preparando un encuentro para el mes de marzo para coordinar nuestro trabajo y nuestras campañas en el próximo periodo. Es evidente que en el PV hay causas suficientes para evaluar la ilegitimidad de la deuda pública y para valorar, por ejemplo, el papel de las privatizaciones y de la corrupción en eventos y obras faraónicas.

Sabemos que habéis tenido en Bruselas una reunión de la red de Plataformas
Europeas ¿nos podéis comentar sus conclusiones?

Jornadas del 20 al 25 de noviembre pasado, organizadas por el CADTM – Bélgica (Colectivo por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, colectivo que lleva más de 20 años trabajando en el tema de la deuda)
Participaron representantes no solo de los países europeos, sino también algunos países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia) y también de África: (Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Níger)
En estas jornadas, compartimos experiencias sobre organización y acciones llevadas a cabo en cada país; vimos que había mucha similitud en los mecanismos de endeudamiento de los países de la zona euro, con ciertos países de Latinoamérica. Y se acordaron los siguientes puntos:
  • Trabajar sobre una definición común para los conceptos de deuda ilegítima, deuda ilegal y deuda odiosa.
  • Establecer una estrategia común a nivel Europeo, estableciendo acciones conjuntas y simultáneas generando mayor impacto y uniendo fuerzas. (por ej. llevar a juicio a los estados, instituciones como la Troika y bancos que han participado en este proceso de endeudamiento y empobrecimiento de los pueblos).
  • Definir qué acciones conjuntas podríamos realizar los países europeos de la periferia, frente a la Troika.
  • Crear una web como herramienta de actuación común que podría ser la página web del Observatorio Internacional de la Deuda.
  • Desarrollar un mejor uso de las herramientas electrónicas que nos mantienen en contacto (como por ejemplo las herramientas 2.0.)

Por otra parte, se está elaborando una guía para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que pueda servir tanto para países del Tercer Mundo, como para Europa y que debería estar acabada para el próximo mes de marzo.

Imaginamos que el lema “no debemos, no pagamos” es ya conocido por partidos, sindicatos y movimientos sociales ¿nos podéis comentar el grado de receptividad de vuestras propuestas o qué estáis haciendo para recabar apoyos?

Cuando constituimos la Plataforma en Alicante, hicimos un llamamiento a sindicatos y movimientos ciudadanos…y, hasta ahora, sólo los mencionados anteriormente se han interesado en su constitución.
Buscamos el pronunciamiento de los municipios, de la gente que está luchando por sus salarios, por las pensiones y contra las políticas de recortes, así como la movilización del conjunto de la ciudadanía pidiendo la moratoria inmediata del pago de la deuda; la gravedad de la situación obligará a tomar en cuenta la necesidad de no pagar la deuda, e incluso la necesidad de plantear un cambio real de modelo de producción, de modelo político, económico, financiero, ya que no hay una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora sin este cambio.

Parece que estáis pensando en preparar una moción al Ayuntamiento de Alicante
sobre esta cuestión ¿nos podéis contar de qué va esa moción?

Queremos que en los municipios del PV se debata la necesidad de establecer la moratoria inmediata del pago de la deuda i su auditoria a nivel municipal. Sin esta moratoria los ayuntamientos no pueden cumplir la función de cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía.
Para ello, solicitamos que el ayuntamiento reclame a las cortes del estado y a las del PV la moratoria inmediata del pago de la deuda y la realización de una auditoria independiente y ciudadana de la misma, que determine la parte que es ilegítima. Que , a su vez, exija la derogación de la reforma de la constitución de agosto de 2011 que sitúa el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales básicas. Y por último, le pedimos que realice un cambio del modelo de impuestos municipales, haciendo que estos sean justos y permitan una política solidaria.

¿Cómo pueden las personas interesadas entrar en contacto con la Plataforma y
cómo pueden colaborar con vosotros?

Las personas a nivel individual pueden trabajar o colaborar con las actividades de la plataforma, integrandose en ella o participando en sus campañas y brigadas informativas, también pueden aportar datos o información sobre posibles deudas ilegítimas, así como organizar charlas en sus colectivos o lugares de estudio. Para ponerse en contacto con la plataforma lo pueden hacer a través de los grupos que la forman y a través de nuestro correo (auditorialacant@gmail.com.) La información de la plataforma puede obtenerse de nuestro blog: auditoriadeutealacant.blogspot.com.es/

¿A cuanto asciende la deuda pública en el Estado español y como se reparte entre las distintas administraciones?

La deuda pública de España ha sufrido un crecimiento rápido, con respecto al PIB, en los últimos años (2006: 39,6%, 2007: 36,1%, 2008: 39,8% , 2009: 53,3%, 2010: 61%, 2011: 68,5%, 2012: 79,8%) y aumentará hasta suponer el 90,5% del PIB en 2013, según consta en el anteproyecto de ley de presupuestos. Esta deuda del 90.5% del PIB corresponde, en su mayor parte, a la Administración Central (el 70,2% del PIB) y el 20,3% a comunidades autónomas y corporaciones locales.
Los intereses de la deuda se han disparado desde los 28.848 millones de euros presupuestados en 2012 a los 38.595,55 millones de euros en 2013, convirtiéndose en la primera partida de gasto del presupuesto. Éste incremento del 33,8% con respecto al 2012 se debe a las ayudas al sector financiero, el apoyo a la liquidez de las administraciones autonómicas y locales, y al encarecimiento de las emisiones del Tesoro Público.

¿Cuál es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar intereses y al desembolso de la deuda?

Los vencimientos de deuda (pagos de capital) ascenderán a 121.780 millones en 2013. Si les sumamos los 38.595,55 de intereses, el servicio de la deuda del este año, que es la cantidad en que la deuda afectará al presupuesto, ascenderá a 160.375,55 millones. Para cubrir estos pagos, el proyecto de Ley de Presupuestos prevé la emisión de 207.173 millones de euros de deuda, lo que supondrá un nuevo aumento del pago de los intereses de la deuda para el 2014. Es esta dinámica infernal, que se apoya en recortes sociales, es la que tenemos que cambiar.

¿Por qué se han endeudado las administraciones públicas?

Las causas de este rápido endeudamiento desde el inicio de la crisis habría que buscarlo en varios factores:
  • Primero una estructura fiscal injusta que hace recaer las presión fiscal sobre las rentas medias y bajas y sobre el consumo y no sobre las rentas altas y el capital, esto ha traído consigo una caída fuerte de los ingresos fiscales desde el inicio de la crisis.
  • Segundo una transferencia de deuda privada a deuda pública, cuyo acto más sangrante ha sido el rescate bancario, que asciende aproximadamente a unos 240.000 millones, una cuarta parte del total de la deuda pública prevista para 2013.

¿Eran posibles otras opciones o era inevitable endeudarse?

En la medida que las administraciones tienen un déficit es inevitable endeudarse para cubrir el presupuesto. Lo que habría que plantearse es ¿por qué hay déficit?, ¿Era necesario e imprescindible llevar a cabo el rescate bancario?, ¿Todas las inversiones en obras y servicios públicos que se realizan son adecuadas o necesarias, o algunas son faraónicas, inútiles o motivadas por la corrupción?
La respuesta a estas preguntas nos mostraría las causas de ilegitimidad de la deuda publica, al comprobar que gran parte del déficit se debe a una estructura fiscal injusta, que el rescate bancario no es más que una transferencia de deuda privada a deuda publica y que en su globalidad es injusto, y que muchas inversiones públicas tienen como única función de enriquecer a grandes constructoras, y empresas especuladoras afines al poder.

¿Qué ha significado la reforma del articulo 135 de la Constitución?

La reforma del articulo 135 de la constitución se llevó a cabo para permitir las medidas de ajuste con el paraguas legal de lo inevitable, así de sencillo.

¿De que forma se ha convertido deuda privada en deuda pública? ¿Bajo que condiciones se hizo el rescate bancario? ¿Por qué el BCE no compra directamente la deuda que emiten los Estados?

La principal forma de conversión de deuda privada en deuda pública ha sido el rescate bancario, que en España ha tenido tres fases hasta el momento: se inició en 2008 con los primeros 100.000 millones de euros entregados por Zapatero, continuó en 2011 con la primera fase de transformación de las cajas de ahorros en bancos mediante la intervención del Frob. Y la última fase, hasta ahora, fue en 2012, con rescate Bancario desde Europa, después de la explosión de Bankia.
Las condiciones del rescate bancario e impuestas por Europa en el memorándum de julio 2012 se pueden resumir en: un aumento de la liberalizacion de la economía, disminución de los impuestos a los ricos, privatizaciones, recortes sociales, disminución de salarios y de pensiones, y aumento de la precarización de las condiciones trabajo.
Me preguntas por qué el BCE no compra deuda directamente de los estados, pues no la compra porque sencillamente el tratado de Maastricht lo impide. Este Tratado fue el que sentó las bases para la Europa de los mercados que estamos padeciendo.

¿Tenéis evaluadas algunas cantidades aproximadas de lo que sería la deuda ilegítima?

No hay una evaluación precisa del total de la deuda ilegítima, para eso sería necesario abrir los libros y realizar la auditoria que estamos reclamando. Lo que si tenemos fijados son unos criterios de ilegitimidad de las deudas, como anteriormente Manuela ha explicado y esos criterios aplicados a la auditoria permitirían dictaminar que parte de la deuda es ilegítima.
Agustín G. Turiel Martínez. Inspector de Hacienda del Estado. Interventor y auditor del Estado. En su "Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado de España." 2012, basado en los informes de la Intervención General del Estado sobre liquidación del Presupuesto, 2008-2010. Afirma que la deuda “ilegítima”, considerada exclusivamente como aquélla generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros, asciende en principal e intereses, en la actualidad, (se refiere a 31-12-2010) a más de ciento veinte mil millones de euros (120.842), aproximadamente un 12% del P.I.B, aproximadamente el dinero que se había gastado hasta entonces el Estado en el rescate bancario. En realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor, este informe no ha examinado ni la deuda pública de otras administraciones (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) ni la ilegitimidad por otros conceptos que los estrictamente económicos. Ha quedado fuera la evaluación de la deuda ilegítima generada por gastos en armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones religiosas… Tampoco ha entrado a valorar la posible ilegitimidad de la estructura fiscal al considerar este aspecto como algo político y no meramente económico.

¿Qué pensáis de la deuda hipotecaria de las familias que son victimas de desahucios por los bancos? ¿Qué se debería hacer con estas familias?

La deuda hipotecaria de las familias es la expresión de una gran estafa perpetrada en el estado español, amparada en la ley del suelo legislada por el gobierno de Aznar en 1998 y una política de crédito fácil diseñada por la banca para obtener enormes beneficios. Ambas cosas permitieron la especulación con un bien básico como es la vivienda que provocó que las familias tuvieran que endeudarse de por vida para satisfacerlo.
La primera medida a tomar contra esta estafa, esta recogida en la propuesta de la PAH para la iILP y sería la paralización de todos los deshaucios, instaurar la dación en pago y el alquiler social.
Como segunda medida o posible solución para el problema de la vivienda sería la expropiación (en el caso de los bancos sin indemnización) de esos casi tres millones de viviendas "vacías" (para el INE la vivienda vacía es aquella que puede ser vendida o alquilada pero está sin uso, o simplemente abandonada) para crear un parque público de vivienda social en alquiler, algo de lo que ha adolecido este país desde hace muchos años.
Por otra parte, las "soluciones" del gobierno, como el Banco Malo o el fondo social de vivienda (FSV), no son soluciones reales. El Banco Malo no es más que un rescate bancario camuflado. El fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, conocida comúnmente como "banco malo". Cada entidad formará su propio fondo con un número indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados. Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años. El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones. Las solicitudes se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad del beneficiario a partir de un informe sobre su situación social realizado por los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 días. Los alquileres sociales se adjudicarán a los beneficiarios trimestralmente y la primera asignación será el 31 de marzo de este año