El pasado 26 de Marzo se discutió la moción presentada por la PACD en el ayuntamiento d´Alacant. El resultado fue el previsto. Tanto PP, como PSOE y UPyD votaron en contra, tan solo EU votó a favor, como se aprecia en la foto siguiente:
El pleno sirvió para varias cosas. Por un lado la posibilidad de que un miembro de la Plataforma defendiera la moción, como vemos en la siguiente foto y cuyos argumentos transcribimos más adelante.
Por otro lado comprobar las argumentaciones tan pobres de los grupos que se opusieron, argumentaciones que quedaron grabada en un vídeo y que colgaremos en una siguiente entrada cuando podamos editarlo. Además dicha moción tuvo un efecto colateral, que se convirtió en la principal noticia del día, el abandono del pleno de unos concejales del PSOE por negarse a votar en contra del texto presentado por la PACD como podréis comprobar en la noticia publicada en el periódico La Verdad.
Entre el público se encontraban algunxs compañerxs cercanos a la plataforma que en un momento dado enarbolaron unos carteles de apoyo que la policía retiró rápidamente. Un abrazo. La redacción
Dircurso en defensa de la moción
El
pasado día 8 de marzo desde la PACD presentamos dos escritos en el
registro de este ayuntamiento, escritos que hoy se debaten en este
pleno. Ante la posibilidad, que luego se cumplió, de que dichos
escritos no fueran aceptados, acercamos una copia de los mismos a
todos los grupos municipales, esperando que alguno de ellos recogiera
el guante. Debemos agradecer al grupo de EU que lo recogiera y
gracias a él podamos hoy hablar sobre el tema.
Cada
día son más las personas en Alacant que viven en la pobreza, que
padecen hambre, que carecen de la posibilidad de desarrollarse como
personas, que carecen de futuro. Diariamente
miles de ciudadanxs nos enfrentamos a nuevos recortes, al desempleo,
al desahucio de la vivienda, a la perdida de la cobertura sanitaria,
a la muerte prematura. La
justificación que dan los gobiernos estatal, valencià y municipal,
muchos políticos y algunos medios de comunicación a esta situación
es que no hay dinero, que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades. Pero ante esas justificaciones muchxs ciudadanxs nos
rebelamos porque creemos que faltan a la verdad.
Sabemos que hay bancos y grandes empresas endeudados a los que se rescata con dinero público. Sabemos que el 81% de la deuda total del estado es una deuda privada y no pública. Sabemos, que para pagar esta deuda privada, el estado se ha endeudado de forma progresiva y los intereses que debemos pagar son cada vez más altos. Y por mucho más que nos endeudemos para pagarlos, y cada vez lo es más, estos intereses son impagables.
A día de hoy, el servicio de la deuda se lleva el dinero que tendría que utilizarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Las comunidades autónomas y los municipios ven restringidos sus presupuestos, y la disminución de sus gastos conlleva la disminución de las prestaciones sociales, de las políticas de empleo, de la educación y de la salud. Lo que comprueba cualquier ciudadanx cuando acude en busca de ayuda a un centro social de la ciudad es que no existe tal ayuda por la falta de recursos en el área de bienestar social.
Lo que sí sabemos lxs ciudadanxs es que una parte importante de la deuda pública es una deuda ilegítima e injusta. Y es injusta porque esta deuda NO se ha originado para cubrir las necesidades básicas de la población.
En definitiva, mientras que con dinero público se rescata a los bancos, se hace cargar sobre lxs ciudadanxs todo el peso de ese rescate mediante recortes de los derechos inalienables. Derechos básicos como la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, el empleo...
El Estado español firmó en 1976 el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de las NNUU y comprometió su legislación y su política a la defensa de dichos derechos. Este compromiso fue vulnerado por la modificación del articulo 135 de la constitución que, de una forma inmoral, prioriza el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales.
La Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos del las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas" y "Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales".
Y
tal como indica el Experto
Independiente
de
las
Naciones
Unidas
sobre
los
efectos
de
la
deuda
externa
en
su
informe
de
13/8/2012,
"las
cargas
excesivas
de
deuda
externa
tienen
un
impacto
negativo
en
la
realización
de
los
derechos
humanos
y
el
desarrollo
en
los
países
deudores
a
través
de
la
desviación
de
recursos
de
los
servicios
sociales
básicos
y
a
través
de
las
condiciones
adjuntas
a
los
mecanismos
internacionales
de
alivio
de
la
deuda".
A esto es a lo que estamos asistiendo y es lo que no estamos dispuestos a aceptar. La constatación innegable de la injusticia de unas medidas gubernamentales es un criterio básico y decisivo para desobedecerlas. Y es lo que estamos dispuestos a hacer y lo que pedimos.
A esto es a lo que estamos asistiendo y es lo que no estamos dispuestos a aceptar. La constatación innegable de la injusticia de unas medidas gubernamentales es un criterio básico y decisivo para desobedecerlas. Y es lo que estamos dispuestos a hacer y lo que pedimos.
Por ello, por una cuestión de justicia, de moralidad y de compromiso con el bienestar de sus ciudadanxs, les pedimos a ustedes, concejales del equipo de gobierno y de la oposición que exijan:
- Una moratoria inmediata en el pago de las deudas financieras de las administraciones públicas estatal y de País Valencià.
- La realización de una auditoría bajo control ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron esta deuda.
- La derogación de la reforma del articulo 135 de la constitución, de agosto de 2011, y reconocer, de forma explícita, la primacía del gasto social sobre el pago de la deuda y de sus intereses.
- Como resultado de la auditoria ciudadana, exigir a las administraciones central y de País Valencià, que una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, se establezca con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima.
Así mismo, les exigimos que a
nivel municipal:
- Aprueben una revisión de los impuestos municipales, con el objetivo de hacerlos realmente progresivos en función de la renta y aliviar a los sectores más excluidos de la población.
- Declaren una moratoria inmediata en el pago de la deuda financiera de este Ayuntamiento.
- Realicen la Auditoría de la deuda de este Ayuntamiento, y para ello se establezca una Comisión Independiente y Ciudadana de Auditoria de las deudas municipales basada en la apertura de todos y cada uno de los contratos establecidos con particulares, exponiendo sus condiciones y resultados al escrutinio público.
- Y Por último, como resultado de la auditoria ciudadana, y una vez garantizada la cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales, de salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica, establezcan con los acreedores la reestructuración de la deuda legítima de este Ayuntamiento.
Porque,
y concluyo, una deuda que no hemos generado los ciudadanos/as es una
deuda ilegítima. Es una deuda que no debemos de pagar.
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