Crónica de la semana internacional contra la deuda (3). Intervención en la charla de la platafornma ACDESA el 6 de octubre de 2012

El pasado 6 de octubre, la compañera Rita intervino en la charla sobre la situación de la sanidad pública en el País Valenciano. Charla organizada por ACDESA dentro de la semana europea contra la privatización de los servicios de salud. El texto de su intervención lo transcribimos a continuación. Un saludo, la redacción.

“EL PAGO DE LA DEUDA O EL DERECHO A LA SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA”

De acuerdo con las exigencias del FMI, la Comisión europea y el BCE, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos, políticas de estricta austeridad, con recortes alarmantes en los gastos públicos, despidos en la función pública, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de protección social, retroceso de la edad de jubilación....
Pero esto ya ha pasado antes, no es nuevo. Las políticas que hoy nos imponen, son las mismas políticas de "ajuste estrutural" que se aplicaron hace más de 30 años en los paises del Sur. Con la excusa de la deuda, impulsaron recortes, privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones, siguiendo la lógica de convertirlo todo en mercancia con la que hacer negocio y obtener el máximo beneficio económico.

En el Estado español, desde hace unos años la atención a nuestra salud está siendo objeto de recortes cuyo objetivo es socavar y desmantelar el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Presentan la privatización como única alternativa, dejando la gestión de nuestra salud en manos de empresas privadas, aseguradoras, bancos y personas vinculadas al actual gobierno. Sin embargo, aunque quieran hacernos creer lo contrario, el coste de la sanidad, como el de otros servicios sociales, no está en el origen de ésta crisis ni el aumento de la deuda. El ejemplo lo tenemos en el govern del País valencià que ha generado una deuda pública per capita de las más altas del Estado, teniendo el menor gasto en salud y educación.

El origen de la deuda debemos buscarlo, en primer lugar en la inversión de los bancos , que han jugado con nuestro dinero en activos financieros de los que esperaban sacar grandes beneficios, cuando en realidad estaban comprando paquetes donde, como se descubrió con la crisis de las hipotecas, no había nada rentable, sólo deudas. También habría que buscarlo en políticas fiscales claramente injustas, inversiones faraónicas sin ninguna función social o más recientemente en los rescates bancarios. Los bancos durante muchos años han especulado en contra de nuestras necesidades, pero el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria ha dejado a muchos de ellos endeudados y al borde de la quiebra. El rescate financiero, que ha costado ya a las arcas publicas 166.738 millones de € y que, tras el Real Decreto Ley 21/2012 aprobado por el consejo de ministros el 13 de Julio pasado, superará los 200.000 millones, supone un incremento ilegítimo de la deuda pública, al traspasar a ésta la deuda privada de los bancos. 
El pago de esta deuda ilegítima detrae dinero a las arcas públicas que podría dedicarse a la financiación de nuestro sistema sanitario y a la creación de puestos de trabajo, principal problema de nuestra sociedad y una de las principales causas de enfermedad en la actualidad. El año pasado, por ejemplo, gastamos mil millones de euros en fármacos para evitar la angustia. La crisis no solo puede acabar con nuestro trabajo. Amenaza nuestra salud... y nuestra vida; quedarse sin trabajo es una causa de muerte y enfermedad. 
El gasto público, permite garantizar los derechos humanos fundamentales y no se pueden reducir, pero la realidad es que en la actualidad los gastos relativos a la devolución de la deuda están por delante, seguimos endeudándonos más y mas para poder pagar los intereses de la misma, entrando en un círculo sin salida (los intereses van aumentando exponencialmente; cada vez estamos más endeudados y aceptando todos los recortes que nos impongan a cambio de recibir dinero que va directamente a los prestamistas que son los grandes beneficiarios de ésta crisis).

Con la austeridad que nos imponen, claramente se ralentiza la actividad económica, se reduce el crecimiento y aumenta de forma mecánica la deuda pública. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica.

Como Plataforma por Auditoria Ciudadana de la Deuda Pública,

• Queremos denunciar la injusticia y sometimiento que supone la deuda para los Estados llamados periféricos, o del Sur,  por parte de los poderes financieros.
• Queremos denunciar las falacias del discurso dominante sobre la deuda, queriéndonos hacer creer, que no hay otra alternativa nada más que su pago, para asegurar de esta manera, los beneficios a las bancos.
• Queremos denunciar las políticas de austeridad que imponen a los Estados más endeudados, recortando derechos sociales básicos, por ejemplo, la Sanidad.

Qué alternativas planteamos:

• Aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%), el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar...)
• Impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar
• Luchar contra los paraísos fiscales
• La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, abriendo los libros de cuentas. Esto permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda. (El establecimiento de criterios comunes y la realización de la auditoria, puede ser un trabajo conjunto, entre aquellos que luchan contra los recortes en sanidad y por unos servicios 100% públicos, y las Plataformas por la Auditoria Ciudadana de la Deuda)
• Realizar una auditoria de las privatizaciones ya realizadas, abrir los libros de la Consellerias de Sanidad y Hacienda, ver los pliegos de condiciones, examinar el proceso de adjudicación, analizar los resultados, los costes, etc... y anular los pagos de reversión del servivio en aquellos casos de proceso ilegítimo, que son los basados en condiciones que suponen un deterioro de la atención pública y un sobrecoste a favor de  la empresa privada.

Por todo ello, la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la deuda rechaza que se anteponga el pago de la deuda a la financiación de nuestro sistema nacional de salud, rechaza la privatización del mismo, y su desmantelamiento progresivo con el cierre de centros de salud, reducción de los equipos asistenciales, el repago y la perdida en la universalidad de la atención.

Así mismo, La Plataforma llama a suspender de forma inmediata el pago de la deuda del Estado español y sus intereses, y a realizar una auditoria ciudadana que determine la parte que es ilegítima, por no haber repercutido en beneficio de la ciudadanía."