El pasado 26 de Marzo se discutió la moción presentada por la PACD en el ayuntamiento d´Alacant. El resultado fue el previsto. Tanto PP, como PSOE y UPyD votaron en contra, tan solo EU votó a favor, como se aprecia en la foto siguiente:
El pleno sirvió para varias cosas. Por un lado la posibilidad de que un miembro de la Plataforma defendiera la moción, como vemos en la siguiente foto y cuyos argumentos transcribimos más adelante.
Por otro lado comprobar las argumentaciones tan pobres de los grupos que se opusieron, argumentaciones que quedaron grabada en un vídeo y que colgaremos en una siguiente entrada cuando podamos editarlo. Además dicha moción tuvo un efecto colateral, que se convirtió en la principal noticia del día, el abandono del pleno de unos concejales del PSOE por negarse a votar en contra del texto presentado por la PACD como podréis comprobar en la noticia publicada en el periódico La Verdad.
Entre el público se encontraban algunxs compañerxs cercanos a la plataforma que en un momento dado enarbolaron unos carteles de apoyo que la policía retiró rápidamente. Un abrazo. La redacción
Dircurso en defensa de la moción
El
pasado día 8 de marzo desde la PACD presentamos dos escritos en el
registro de este ayuntamiento, escritos que hoy se debaten en este
pleno. Ante la posibilidad, que luego se cumplió, de que dichos
escritos no fueran aceptados, acercamos una copia de los mismos a
todos los grupos municipales, esperando que alguno de ellos recogiera
el guante. Debemos agradecer al grupo de EU que lo recogiera y
gracias a él podamos hoy hablar sobre el tema.
Cada
día son más las personas en Alacant que viven en la pobreza, que
padecen hambre, que carecen de la posibilidad de desarrollarse como
personas, que carecen de futuro. Diariamente
miles de ciudadanxs nos enfrentamos a nuevos recortes, al desempleo,
al desahucio de la vivienda, a la perdida de la cobertura sanitaria,
a la muerte prematura. La
justificación que dan los gobiernos estatal, valencià y municipal,
muchos políticos y algunos medios de comunicación a esta situación
es que no hay dinero, que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades. Pero ante esas justificaciones muchxs ciudadanxs nos
rebelamos porque creemos que faltan a la verdad.
Sabemos
que hay bancos y grandes empresas endeudados a los que se rescata con
dinero público. Sabemos
que el 81% de la deuda total del estado es una deuda privada y no
pública. Sabemos,
que para pagar esta deuda privada, el estado se ha endeudado de forma
progresiva y los intereses que debemos pagar son cada vez más altos.
Y por mucho más que nos endeudemos para pagarlos, y cada vez lo es
más, estos intereses son impagables.
A
día de hoy, el servicio de la deuda se lleva el dinero que tendría
que utilizarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Las
comunidades autónomas y los municipios ven restringidos sus
presupuestos, y la disminución de sus gastos conlleva la disminución
de las prestaciones sociales, de las políticas de empleo, de la
educación y de la salud. Lo
que comprueba cualquier ciudadanx cuando acude en busca de ayuda a un
centro social de la ciudad es que no existe tal ayuda por la falta de
recursos en el área de bienestar social.
Lo
que sí sabemos lxs ciudadanxs es que una parte importante de la
deuda pública es una deuda ilegítima e injusta. Y es injusta porque
esta deuda NO se ha originado para cubrir las necesidades básicas de
la población.
En
definitiva, mientras que con dinero público se rescata a los bancos,
se hace cargar sobre lxs ciudadanxs todo el peso de ese rescate
mediante recortes de los derechos inalienables. Derechos básicos
como la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, el
empleo...
El
Estado español firmó en 1976 el Pacto internacional sobre derechos
económicos, sociales y culturales de las NNUU y comprometió su
legislación y su política a la defensa de dichos derechos. Este
compromiso fue vulnerado por la modificación del articulo 135 de la
constitución que, de una forma inmoral, prioriza el pago a los
acreedores por encima de la cobertura de las necesidades sociales.
La
Resolución
aprobada
por
el
Consejo
de
Derechos
Humanos
del
las
Naciones
Unidas
en
sesión
de
5
de
julio
de
2012
"Recuerda
que
todo
Estado
tiene
la
responsabilidad
primordial
de
promover
el
desarrollo
económico,
social
y
cultural
de
la
población
y,
a
tal
efecto,
tiene
el
derecho
y
la
obligación
de
elegir
sus
objetivos
y
medios
de
desarrollo
y
no
debe
verse
condicionado
por
fórmulas
específicas
de
política
económica
externas"
y
"Afirma
que,
desde
el
punto
de
vista
de
los
derechos
humanos,
la
liquidación
de
deuda
con
fondos
oportunistas
en
condiciones
abusivas
tiene
un
efecto
negativo
directo
en
la
capacidad
de
los
gobiernos
para
cumplir
sus
obligaciones
en
materia
de
derechos
humanos,
en
especial
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales".
Y
tal como indica el Experto
Independiente
de
las
Naciones
Unidas
sobre
los
efectos
de
la
deuda
externa
en
su
informe
de
13/8/2012,
"las
cargas
excesivas
de
deuda
externa
tienen
un
impacto
negativo
en
la
realización
de
los
derechos
humanos
y
el
desarrollo
en
los
países
deudores
a
través
de
la
desviación
de
recursos
de
los
servicios
sociales
básicos
y
a
través
de
las
condiciones
adjuntas
a
los
mecanismos
internacionales
de
alivio
de
la
deuda".
A esto es a lo que
estamos asistiendo y es lo que no estamos dispuestos a aceptar. La
constatación innegable de la injusticia de unas medidas
gubernamentales es un criterio básico y decisivo para
desobedecerlas. Y es lo que estamos dispuestos a hacer y lo que
pedimos.
Por
ello, por una cuestión de justicia, de moralidad y de compromiso con
el bienestar de sus ciudadanxs, les pedimos a ustedes, concejales del
equipo de gobierno y de la oposición que exijan:
Una
moratoria
inmediata
en
el
pago
de
las
deudas
financieras
de
las
administraciones
públicas
estatal
y
de
País
Valencià.
La
realización
de
una
auditoría
bajo
control
ciudadano
de
la
deuda
financiera
de
las
administraciones
públicas,
que
permita
depurar
aquella
que
sea
reconocida
como
ilegítima,
para
su
quita
o
condonación
sin
condiciones,
y
la
consecuente
exigencia
de
responsabilidades
civiles
o
penales
a
las
partes
que
contrajeron esta
deuda.
La
derogación
de
la
reforma
del articulo 135 de la constitución,
de
agosto
de
2011,
y
reconocer,
de
forma
explícita,
la
primacía
del
gasto
social
sobre
el
pago
de
la
deuda
y
de
sus
intereses.
Como
resultado
de
la
auditoria
ciudadana,
exigir
a
las
administraciones
central
y
de
País
Valencià,
que
una
vez
garantizada
la
cobertura
de
los
servicios
públicos
y
las
prestaciones
sociales,
de
salud,
educación,
alimento,
vivienda,
seguridad
económica
y
ecológica,
se
establezca
con
los
acreedores
la
reestructuración
de
la
deuda
legítima.
Así mismo, les exigimos que a
nivel municipal:
Aprueben
una
revisión
de
los
impuestos
municipales,
con
el
objetivo
de
hacerlos
realmente
progresivos
en
función
de
la
renta
y
aliviar
a
los
sectores
más
excluidos
de
la
población.
Declaren
una
moratoria
inmediata
en
el
pago
de
la
deuda
financiera
de este
Ayuntamiento.
Realicen
la
Auditoría
de
la
deuda
de este
Ayuntamiento,
y
para
ello
se establezca
una
Comisión
Independiente
y
Ciudadana
de
Auditoria
de
las
deudas
municipales
basada
en
la
apertura
de
todos
y
cada
uno
de
los
contratos
establecidos
con
particulares,
exponiendo
sus
condiciones
y
resultados
al
escrutinio
público.
Y Por último, como
resultado
de
la
auditoria
ciudadana,
y
una
vez
garantizada
la
cobertura
de
los
servicios
públicos
y
las
prestaciones
sociales,
de
salud,
educación,
alimento,
vivienda,
seguridad
económica
y
ecológica,
establezcan
con
los
acreedores
la
reestructuración
de
la
deuda
legítima
de este
Ayuntamiento.
Porque,
y concluyo, una deuda que no hemos generado los ciudadanos/as es una
deuda ilegítima. Es una deuda que no debemos de pagar.
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