A continuación publicamos la entrevista realizada en el programa Attacantes de Radio Artegalia, el pasado 23 de enero, con las matizaciones anunciadas en la anterior entrada. La redacción.
¿Porqué
una Plataforma para solicitar la Auditoria Ciudadana de la Deuda?,
Porque
solo se puede conseguir imponer a los "mercados" una
moratoria del pago de la deuda por medio de una movilización
ciudadana lo mas amplia y unitaria posible. La plataforma es una
herramienta para organizar esta resistencia. Los gobiernos, de
derechas o de "izquierdas", la patronal y los sindicatos
mayoritarios, hasta ahora han mantenido la lógica de pago de la
deuda y de aplicación de las políticas de austeridad impuestas por
la comisión europea y la presión de los mercados. Solo desde la
movilización unitaria y desde abajo se puede revertir esta dinámica,
y este es el objetivo de la plataforma.
¿Nos
podéis explicar las causas y los objetivos de estas Plataformas ?
Nos
parece imprescindible vincular la lucha contra todos los recortes
sociales y otras luchas sectoriales con la denuncia de la deuda
ilegítima. La deuda es el origen de estos recortes, y no al revés;
es decir, no es que tengamos una deuda pública elevada porque hemos
gastado mucho en servicios sociales, sino que estamos pagando con
dinero público, las deudas de los bancos y grandes empresas, por eso
no quedan recursos para las necesidades básicas de la ciudadanía, y
además nos imponen políticas restrictivas desde Europa con el
beneplácito de los gobiernos.
Es
necesario explicar a la gente que está padeciendo los recortes, que
se ve afectada por un ERE, a la que se le ha alargado la edad de la
jubilación…, que este gobierno y el anterior han realizado un
trasvase de deuda privada a deuda pública. Es decir que nos están
robando y no debemos consentirlo.
Debemos
desmontar el discurso del poder ante la opinión pública. Los
gobiernos y los bancos cuentan con la complicidad de los medios de
comunicación, que maquillan y desvirtúan la información. La gente
debe saber que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades,
y sobre todo que el pago de la deuda no es una salida sino una
trampa, y que existen salidas alternativas a la crisis.
El
primer paso es pedir una moratoria inmediata del pago de la deuda
pública y de sus intereses porque tenemos indicios de que gran parte
de la deuda es ilegítima. A continuación, exigir transparencia en
las cuentas públicas y que se realice una auditoría bajo control
ciudadano que determine qué parte de la deuda es ilegítima y no
debe ser pagada. En tercer lugar, exigir que se restituya al erario
público la deuda ilegítima que ya ha sido pagada. Por último,
pedir responsabilidades penales a los ejecutivos de los bancos, como
ya se ha hecho con Rodrigo Rato, a los políticos, a los miembros de
los organismos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del
Mercado de Valores) y
empresas
auditoras.
La
Plataforma pide que las necesidades de la población se sitúen por
encima de las exigencias de los mercados. En ese sentido, pedimos la
derogación de la reforma de la Constitución de agosto de 2011.
Cuándo
habláis de deuda ilegítima ¿A qué os estáis refiriendo?
En
general, nos referimos a aquella deuda que se contrae sin que tenga
relación con, o que ponga en peligro, la cobertura de las
necesidades básicas de la población. Estas deudas se suelen
contraer de forma opaca, sin la participación y decisión
democrática de la población y de los grupos afectados por las
medidas, y benefician a pequeños grupos con un alto nivel de poder.
A
lo largo de la historia cuando un Estado ha rechazado el pago de una
deuda, a menudo se ha amparado en el concepto jurídico de “deuda
odiosa” que es un concepto reconocido
por
la ONU. El concepto de deuda ilegítima es un concepto más amplio,
ligado a la idea de justicia más que al de legalidad. Es decir, que
una deuda que puede ser perfectamente legal puede ser declarada,
según nuestros criterios, como ilegítima.
En
la Plataforma de Alicante estamos trabajando, de momento, con 3
causas de ilegitimidad:
Cuando
se utilizaron mecanismos injustos que originan un déficit:
Por
ejemplo, el déficit del Estado español se debe en gran medida a
una
política fiscal injusta y no redistributiva en
la que se grava más al trabajo asalariado que a las grandes
empresas, a los bancos y empresas financieras, a las grandes
fortunas… en la que se bajan los impuestos directos y se aumentan
los impuestos indirectos como el IVA, en la que no se persigue el
fraude fiscal (que supone un 10% del PIB) y se decreta una amnistía
fiscal que incita a defraudar.
Decisiones
de los gobiernos que originan deuda y que no se ajustan al interés
general: Las
inversiones en obra pública faraónicas que no responden al interés
general de la ciudadanía: aeropuertos vacíos, tren de alta
velocidad, palacios de congresos…El
mecanismo de financiación impuesto por la U.E. que prohíbe al
Banco Central emitir deuda pública. Al tener que buscar
financiación en los mercados financieros, éstos especulan con el
interés de la deuda soberana. Préstamos concedidos por el BCE al
1% a la banca privada (rescatada con dinero público) y que utiliza
estos fondos, no para que fluya el crédito entre las pymes y las
familias, y se oriente a la creación de empleo, sino para especular
con la deuda pública por la que exigen intereses del 5 al 7% en el
caso de estado español.
Cuando
son decisiones tomadas a espalda de los pueblos (mediante mecanismos
opacos de decisión, sin que exista la necesidad y sin que nadie lo
demande), y cuyas consecuencias negativas recaen sobre los mismos.
El
más evidente es el rescate bancario.
Es también el caso de la privatización de la sanidad, de la
educación y de los servicios sociales; el coste de los servicios de
salud privados de Alzira supone un 30% más que si fueran públicos.
¿Cuándo
se constituyó la Plataforma en Alicante? ¿qué organizaciones la
componen?
La
Plataforma de Alicante se constituyó en junio de 2012 a partir de un
grupo surgido del 15M. Se hizo un llamamiento a diferentes
movimientos sociales y, en la actualidad la integran el movimiento 15
M, Attac, Ecologistas en Acción, la CGT, la Intersindical Valenciana
y personas a nivel individual.
¿Cuál
ha sido la actividad que habéis desarrollado hasta ahora?
Hasta
ahora nuestra actividad se ha centrado principalmente en tres
aspectos. Por una parte denunciar el papel central de la deuda en el
origen y mantenimiento de la crisis económica, de los recortes, así
como su papel para reforzar los mecanismos de acumulación de capital
de aquellos que la han originado, a costa de la perdida de derechos
democráticos, económicos y sociales de la población. De la crisis
se saldrá pero a costa de los de abajo. Para ello hemos elaborado el
tríptico “Desmontando las mentiras sobre la deuda”, del que
hemos impreso 6.000 ejemplares y lo repartimos en concentraciones,
manifestaciones y brigadas informativas. También participamos junto
a Toma la plaza, durante 3 meses, de junio a finales de septiembre,
en la cacerolada semanal contra el rescate bancario frente a una sede
céntrica de Bankia.
Por
otra parte, apoyar y vincular luchas sectoriales contra los planes de
austeridad con el tema de la deuda, como en el caso de la Sanidad
Pública, de los Afectados por la Hipoteca, de los Afectados por las
participaciones preferentes, en el tema de la contrata de basuras del
Ayuntamiento de Alicante. Para ello hemos dado charlas a distintos
colectivos como la PAH de Elche, I.E.S.; participamos en la campaña
de ACDESA (6/10) en defensa de la Sanidad Pública y en la campaña
por la municipalización de la contrata de recogida de residuos
urbanos y la llegada de basuras de otras localidades a la planta de
esta ciudad, campaña promovida por Ecologistas en acción y las
asociaciones de las partidas rurales.
Y
como tercer aspecto, llevamos a cabo un trabajo de formación interna
y elaboración de propuestas.
L
a culminación de gran parte de este trabajo lo tuvimos el pasado mes
de octubre con la organización, junto a Toma la Plaza, de la Semana
Internacional contra la Deuda Externa.
Sabemos
que existen otras plataformas en el ámbito estatal e internacional.
¿Nos
podéis
comentar cómo estáis coordinados y qué campañas habéis realizado
en
esos
ámbitos?
En
el Estado Español varios grupos han estado trabajando durante 2 años
para constituir esta plataforma, y en marzo de 2012 se creó
oficialmente la PACD a nivel
estatal (con sus comisiones
de auditoría, coordinación y logística y difusión). Trabajamos en
una red de
Plataformas de distintas ciudades; nuestra organización
es horizontal y cada
plataforma es autónoma en
sus decisiones.
Celebramos
una o dos asambleas estatales al año (la
última en Zaragoza,
noviembre de
2012), también hay reuniones “on line”, y existe una
coordinación de las distintas comisiones a nivel estatal.
Como
te he dicho anteriormente, organizamos la Semana Internacional contra
la Deuda Externa que se celebró del 8 al 13 de Octubre 2012 y que
culminó con una cacerolada de unas 1000 personas (a pesar de la
lluvia)
Actualmente,
a nivel de País Valencià, estamos preparando un encuentro para el
mes de marzo para coordinar nuestro trabajo y nuestras campañas en
el próximo periodo. Es evidente que en el PV hay causas suficientes
para evaluar la ilegitimidad de la deuda pública y para valorar, por
ejemplo, el papel de las privatizaciones y de la corrupción en
eventos y obras faraónicas.
Sabemos
que habéis tenido en Bruselas una reunión de la red de Plataformas
Europeas
¿nos podéis comentar sus conclusiones?
Jornadas
del 20 al 25 de noviembre pasado, organizadas por el CADTM –
Bélgica (Colectivo por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo,
colectivo que lleva más de 20 años trabajando en el tema de la
deuda)
Participaron
representantes no solo de los países europeos, sino también algunos
países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia) y también
de África: (Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Níger)
En
estas jornadas, compartimos experiencias sobre organización y
acciones llevadas a cabo en cada país; vimos que había mucha
similitud en los mecanismos de endeudamiento de los países de la
zona euro, con ciertos países de Latinoamérica. Y se acordaron los
siguientes puntos:
Trabajar
sobre una definición común para los conceptos de deuda ilegítima,
deuda ilegal y deuda odiosa.
Establecer
una estrategia común a nivel Europeo, estableciendo acciones
conjuntas y simultáneas generando mayor impacto y uniendo fuerzas.
(por ej. llevar a juicio a los estados, instituciones como la Troika
y bancos que han participado en este proceso de endeudamiento y
empobrecimiento de los pueblos).
Definir
qué acciones conjuntas podríamos realizar los países europeos de
la periferia, frente a la Troika.
Crear
una web como herramienta de actuación común que podría ser la
página web del Observatorio Internacional de la Deuda.
Desarrollar
un mejor uso de las herramientas electrónicas que nos mantienen en
contacto (como por ejemplo las herramientas 2.0.)
Por
otra parte, se está elaborando una guía para la Auditoría
Ciudadana de la Deuda, que pueda servir tanto para países del Tercer
Mundo, como para Europa y que debería estar acabada para el próximo
mes de marzo.
Imaginamos
que el lema “no debemos, no pagamos” es ya conocido por partidos,
sindicatos y movimientos sociales ¿nos podéis comentar el grado de
receptividad de vuestras propuestas o qué estáis haciendo para
recabar apoyos?
Cuando
constituimos la Plataforma en Alicante, hicimos un llamamiento a
sindicatos y movimientos ciudadanos…y, hasta ahora, sólo los
mencionados anteriormente se han interesado en su constitución.
Buscamos
el pronunciamiento de los municipios, de la gente que está luchando
por sus salarios, por las pensiones y contra las políticas de
recortes, así como la movilización del conjunto de la ciudadanía
pidiendo la moratoria inmediata del pago de la deuda; la gravedad de
la situación obligará a tomar en cuenta la necesidad de no pagar la
deuda, e incluso la necesidad de plantear un cambio real de modelo de
producción, de modelo político, económico, financiero, ya que no
hay una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora sin este
cambio.
Parece
que estáis pensando en preparar una moción al Ayuntamiento de
Alicante
sobre
esta cuestión ¿nos podéis contar de qué va esa moción?
Queremos
que en los municipios del PV se debata la necesidad de establecer la
moratoria inmediata del pago de la deuda i su auditoria a nivel
municipal. Sin esta moratoria los ayuntamientos no pueden cumplir la
función de cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía.
Para
ello, solicitamos que el ayuntamiento reclame a las cortes del estado
y a las del PV la moratoria inmediata del pago de la deuda y la
realización de una auditoria independiente y ciudadana de la misma,
que determine la parte que es ilegítima. Que , a su vez, exija la
derogación de la reforma de la constitución de agosto de 2011 que
sitúa el pago a los acreedores por encima de la cobertura de las
necesidades sociales básicas. Y por último, le pedimos que realice
un cambio del modelo de impuestos municipales, haciendo que estos
sean justos y permitan una política solidaria.
¿Cómo
pueden las personas interesadas entrar en contacto con la Plataforma
y
cómo
pueden colaborar con vosotros?
Las
personas a nivel individual pueden trabajar o colaborar con las
actividades de la plataforma, integrandose en ella o participando en
sus campañas y brigadas informativas, también pueden aportar datos
o información sobre posibles deudas ilegítimas, así como organizar
charlas en sus colectivos o lugares de estudio. Para ponerse en
contacto con la plataforma lo pueden hacer a través de los grupos
que la forman y a través de nuestro correo
(auditorialacant@gmail.com.) La
información de la plataforma puede obtenerse de nuestro blog:
auditoriadeutealacant.blogspot.com.es/
¿A
cuanto asciende la deuda pública en el Estado español y como se
reparte entre las distintas administraciones?
La
deuda pública de España ha sufrido un crecimiento rápido, con
respecto al PIB, en los últimos años (2006: 39,6%, 2007:
36,1%, 2008: 39,8% , 2009: 53,3%, 2010: 61%, 2011: 68,5%, 2012:
79,8%) y aumentará hasta suponer el 90,5% del PIB en 2013,
según consta en el anteproyecto de ley de presupuestos. Esta deuda
del 90.5% del PIB corresponde, en su mayor parte, a la Administración
Central (el 70,2% del PIB) y el 20,3% a comunidades autónomas y
corporaciones locales.
Los
intereses de la deuda se han disparado desde los 28.848 millones de
euros presupuestados en 2012 a los 38.595,55 millones de euros en
2013, convirtiéndose en la primera partida de gasto del presupuesto.
Éste incremento del 33,8% con respecto al 2012 se debe a las ayudas
al sector financiero, el apoyo a la liquidez de las administraciones
autonómicas y locales, y al encarecimiento de las emisiones del
Tesoro Público.
¿Cuál
es la cantidad de dinero que dedicamos a pagar intereses y al
desembolso de la deuda?
Los
vencimientos de deuda (pagos de capital) ascenderán a 121.780
millones en 2013. Si les sumamos los 38.595,55 de intereses,
el servicio de la deuda del este año, que es la cantidad en que la
deuda afectará al presupuesto, ascenderá a 160.375,55 millones.
Para cubrir estos pagos, el proyecto de Ley de
Presupuestos prevé la emisión de 207.173 millones de euros de
deuda, lo que supondrá un nuevo aumento del pago de los intereses de
la deuda para el 2014. Es esta dinámica infernal,
que se apoya en recortes sociales, es la
que tenemos que cambiar.
¿Por
qué se han endeudado las administraciones públicas?
Las
causas de este rápido endeudamiento desde el inicio de la crisis
habría que buscarlo en varios factores:
Primero
una estructura fiscal injusta que hace recaer las presión fiscal
sobre las rentas medias y bajas y sobre el consumo y no sobre las
rentas altas y el capital, esto ha traído consigo una caída fuerte
de los ingresos fiscales desde el inicio de la crisis.
Segundo
una transferencia de deuda privada a deuda pública, cuyo acto más
sangrante ha sido el rescate bancario, que asciende aproximadamente
a unos 240.000 millones, una cuarta parte del total de la deuda
pública prevista para 2013.
¿Eran posibles otras
opciones o era inevitable endeudarse?
En
la medida que las administraciones tienen un déficit es inevitable
endeudarse para cubrir el presupuesto. Lo que habría que plantearse
es ¿por qué hay déficit?, ¿Era necesario e imprescindible llevar
a cabo el rescate bancario?, ¿Todas las inversiones en obras y
servicios públicos que se realizan son adecuadas o necesarias, o
algunas son faraónicas, inútiles o motivadas por la corrupción?
La
respuesta a estas preguntas nos mostraría las causas de ilegitimidad
de la deuda publica, al comprobar que gran parte del déficit se debe
a una estructura fiscal injusta, que el rescate bancario no es más
que una transferencia de deuda privada a deuda publica y que en su
globalidad es injusto, y que muchas inversiones públicas tienen como
única función de enriquecer a grandes constructoras, y empresas
especuladoras afines al poder.
¿Qué
ha significado la reforma del articulo 135 de la Constitución?
La
reforma del articulo 135 de la constitución se llevó a cabo para
permitir las medidas de ajuste con el paraguas legal de lo
inevitable, así de sencillo.
¿De que forma se ha convertido deuda privada en deuda pública?
¿Bajo que condiciones se hizo el rescate bancario? ¿Por qué el BCE
no compra directamente la deuda que emiten los Estados?
La
principal forma de conversión de deuda privada en deuda pública ha
sido el rescate bancario, que en España ha tenido tres fases hasta
el momento: se inició en 2008 con los primeros 100.000 millones de
euros entregados por Zapatero, continuó en 2011 con la primera fase
de transformación de las cajas de ahorros en bancos mediante la
intervención del Frob. Y la última fase, hasta ahora, fue en 2012,
con rescate Bancario desde Europa, después de la explosión de
Bankia.
Las
condiciones del rescate bancario e impuestas por Europa en el
memorándum de julio 2012 se pueden resumir en: un aumento de la
liberalizacion de la economía, disminución de los impuestos a los
ricos, privatizaciones, recortes sociales, disminución de salarios y
de pensiones, y aumento de la precarización de las condiciones
trabajo.
Me
preguntas por qué el BCE no compra deuda directamente de los
estados, pues no la compra porque sencillamente el tratado de
Maastricht lo impide. Este Tratado fue el que sentó las bases para
la Europa de los mercados que estamos padeciendo.
¿Tenéis evaluadas algunas cantidades aproximadas de lo que sería
la deuda ilegítima?
No
hay una evaluación precisa del total de la deuda ilegítima, para
eso sería necesario abrir los libros y realizar la auditoria que
estamos reclamando. Lo que si tenemos fijados son unos criterios de
ilegitimidad de las deudas, como anteriormente Manuela ha explicado y
esos criterios aplicados a la auditoria permitirían dictaminar que
parte de la deuda es ilegítima.
Agustín
G. Turiel Martínez. Inspector de Hacienda del Estado. Interventor y
auditor del Estado. En su "Informe sobre la legitimidad de la
deuda pública de la Administración Central del Estado de España."
2012, basado en los informes de la Intervención General del Estado
sobre liquidación del Presupuesto, 2008-2010. Afirma que la deuda
“ilegítima”, considerada exclusivamente como aquélla generada
no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros,
asciende en principal e intereses, en la actualidad, (se refiere a
31-12-2010) a más de ciento veinte mil millones de euros (120.842),
aproximadamente un 12% del P.I.B, aproximadamente el dinero que se
había gastado hasta entonces el Estado en el rescate bancario. En
realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor, este informe no
ha examinado ni la deuda pública de otras administraciones
(Comunidades Autónomas y Entidades Locales) ni la ilegitimidad por
otros conceptos que los estrictamente económicos. Ha quedado fuera
la evaluación de la deuda ilegítima generada por gastos en
armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones
religiosas… Tampoco ha entrado a valorar la posible ilegitimidad de
la estructura fiscal al considerar este aspecto como algo político y
no meramente económico.
¿Qué pensáis de la deuda hipotecaria de las familias que son
victimas de desahucios por los bancos? ¿Qué se debería hacer con
estas familias?
La
deuda hipotecaria de las familias es la expresión de una gran estafa
perpetrada en el estado español, amparada en la ley del suelo
legislada por el gobierno de Aznar en 1998 y una política de crédito
fácil diseñada por la banca para obtener enormes beneficios. Ambas
cosas permitieron la especulación con un bien básico como es la
vivienda que provocó que las familias tuvieran que endeudarse de por
vida para satisfacerlo.
La
primera medida a tomar contra esta estafa, esta recogida en la
propuesta de la PAH para la iILP y sería la paralización de todos
los deshaucios, instaurar la dación en pago y el alquiler social.
Como
segunda medida o posible solución para el problema de la vivienda
sería la expropiación (en el caso de los bancos sin indemnización)
de esos casi tres millones de viviendas "vacías" (para
el INE la vivienda vacía es aquella que puede ser vendida o
alquilada pero está sin uso, o simplemente abandonada) para
crear un parque público de vivienda social en alquiler, algo de lo
que ha adolecido este país desde hace muchos años.
Por
otra parte, las "soluciones"
del gobierno, como el Banco Malo o el fondo social de vivienda (FSV),
no son soluciones reales. El Banco Malo no es más que un
rescate bancario camuflado. El fondo social de vivienda (FSV), creado
para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a
un alquiler social, cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas
por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la
Sareb, conocida comúnmente como "banco malo". Cada entidad
formará su propio fondo con un número indeterminado de viviendas
que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes
desalojados. Los arrendatarios serán personas desalojadas de su
vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero
de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres
veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los
requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el
que se paralizaron los desahucios durante dos años. El precio del
alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo
del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los
contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno
más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de
la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las
condiciones. Las solicitudes se dirigirán a las entidades de
crédito, que evaluarán la idoneidad del beneficiario a partir de un
informe sobre su situación social realizado por los ayuntamientos o
diputaciones provinciales en un plazo de 15 días. Los alquileres
sociales se adjudicarán a los beneficiarios trimestralmente y la
primera asignación será el 31 de marzo de este año
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